El Gobierno es peligroso para los niños

Ninguna de las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez sobre cuestiones relevantes y/o que afectan a derechos fundamentales de los españoles es consecuencia de la improvisación. La estrategia para conseguir que a la España constitucional y democrática no la conozca “ni la madre que la parió”, (que diría Alfonso Guerra resumiendo el objetivo del PSOE en los años que este era un partido nacional comprometido con la construcción de la democracia) ha orientado cada paso que ha dado Sánchez desde que llegó a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español. Aplicando la estrategia de demolición, inició sus pactos con los tradicionales enemigos de la nación, golpistas y proetarras; y no se detuvo ni siquiera cuando su propio partido lo expulsó de la Secretaría General por estar organizando la liquidación del sistema del 78.

También formó parte de su estrategia la presentación de una moción de censura que estaba soportada en un párrafo fraudulento introducido por un juez amigo, José Ricardo de Prada, y sobre cuyo contenido Sánchez estaba avisado antes de que la sentencia viera la luz. Poco importó que el Tribunal Supremo lo eliminara posteriormente tras calificar sus consideraciones como “excesivas y expresivas de una técnica irregular en la redacción de la sentencia”. Para ese momento él ya había conseguido su objetivo de llegar a la Presidencia del Gobierno tras soportar su discurso en una mentira y lograr el apoyo y los votos de todos aquellos que tienen como objetivo liquidar la nación. Golpistas, proetarras, comunistas, bolivarianos y nacionalistas de toda condición fueron –y siguen siendo– los aliados estratégicos de Sánchez para llevar a cabo su plan.

Como digo, ninguna decisión importante de las que el Gobierno impulsa se aleja del objetivo de Sánchez de gobernar España como lo haría un caudillo. La inflación de decretos leyes para evitar el control parlamentario; el cierre inconstitucional del Parlamento por dos veces consecutivas; la declaración de secreto de sus viajes en Falcon, de los sueldos de su mujer, de los gastos suntuarios…; la tramitación vía exprés de leyes tan sustanciales para la vertebración del país –o la ruptura– como la Ley de Educación; el desprecio a los informes del Tribunal de Cuentas o del Consejo de Estado; el incumplimiento de las sentencias de los tribunales (la última la referida a la protección de los derechos lingüísticos de los niños catalanes)… Todo forma parte de su estrategia. Si consigue superar el último obstáculo, –la separación de poderes– y parasita de forma definitiva los órganos de la Justicia hasta llegar a controlar de forma absoluta el Tribunal Constitucional, la quiebra del orden constitucional será un hecho muy complicado de revertir.

Creo que no somos plenamente conscientes del peligro que representa tener un Gobierno tan incompetente para abordar las soluciones a los problemas que compartimos con los países de nuestro entorno, así como empecinado en destruir todo aquello que hace de España un país homologable con nuestros socios europeos. Si Sánchez lleva a término su estrategia ya no será el Gobierno el que resulte una anomalía en la Europa democrática; la anomalía será España.

Dentro de esta estrategia de demolición hemos de situar la aprobación por el Ejecutivo de la ‘Ley Trans’, una pieza más de un entramado legal que constituye un peligro para los niños.

No es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende expropiar los derechos de los niños. Recuerden las declaraciones de la ministra Isabel Celaá –generosamente premiada con una embajada en el Vaticano– cuando en enero de 2020, en rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros –no en un mitin, no en un descuido– afirmó: “No podemos pensar, de ninguna de las maneras, que los hijos pertenecen a los padres”. No fue un desliz y hay que entender lo que dijo a la luz de lo que están haciendo: el Gobierno se considera el propietario de los derechos de los niños.

Por eso hemos de insistir en que lo que se está legislando en esta materia es producto de una ideología perversa empeñada en dotarse de un entramado legal para presentar como un derecho lo que es la negación del mismo y tiene como consecuencia el maltrato infantil. Las leyes impulsadas en Cataluña para vulnerar el derecho de los niños a ser educados en su lengua materna, las instrucciones dadas por el Gobierno autonómico (sostenido por Sánchez) para que vigilen y amonesten a los niños que juegan en español en los recreos, la protección de los delincuentes que abusan o permiten el abuso de menores tuteladas por la administración (Baleares, Comunidad Valenciana…) o la defensa del derecho de los niños a tener relaciones “consentidas” con adultos (en palabras de la ministra de Igualdad) son los antecedentes de la ‘Ley Trans’, una ley elaborada para dar cobertura legal a la violación de los derechos de los niños proclamados en la declaración Universal de los derechos del niño de 1952, el derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social.

Y, por último, no nos equivoquemos a la hora de señalar al culpable de que hayamos llegado a esta situación. Sánchez es el máximo responsable de que el texto que llegó a las Cortes haya sido aprobado en el Consejo de Ministros despreciando todas las recomendaciones y llamadas de alarma que el Consejo de Estado opuso a la Ley. Él, y sólo él, es el culpable de haber hurtado el debate al conjunto de miembros del Consejo de Estado pues su mandada, María Teresa Fernández de la Vega, se negó a llevarlo a Pleno.

La conclusión es que estamos ante una ley tan peligrosa que sólo podía proceder de un tipo como Sánchez, un tipo que ya ha demostrado que él mismo es un peligro para la seguridad nacional y para la propia democracia.