Diez años ordenando incumplir la ley en Ceuta y Melilla

«Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España». Si uno cierra los ojos al leer esta frase, inevitablemente vendrá a su memoria la imagen de cientos de inmigrantes subsaharianos encaramados durante horas a una altísima valla fronteriza de Ceuta o de Melilla, para evitar ser detenidos por los agentes de la Guardia Civil que los esperaban abajo, quienes posteriormente procedían a entregarlos a las autoridades de Marruecos, ya que no habían logrado llegar a territorio nacional al no superar la segunda valla colocada a unos metros de distancia. Lo intentaban por miles, en ocasiones con extrema violencia, porque los que conseguían superar la segunda valla habían entrado en territorio Schengen, donde pedían asilo y se quedaban.

Precisamente para evitar esas avalanchas, que el Gobierno de Marruecos manejaba a su antojo como medida de presión ante cualquier disputa o negociación con España o con la Unión Europea, en el año 2015, el presidente Mariano Rajoy añadió una disposición adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Dicha disposición adicional, denominada «Régimen especial de Ceuta y Melilla», es el texto con el que hemos empezado este artículo, y en ella únicamente se habla del rechazo en frontera de aquellos que «intentan superar los elementos de contención fronterizos», es decir, las vallas. Un rechazo en frontera cuya legalidad fue avalada en su día por el Tribunal Constitucional precisamente por la claridad con la que dicha disposición adicional hacía mención a los extranjeros que no habían logrado superar dichas vallas y no habían, por tanto, entrado en la Unión Europea.

El tema es tan claro y tan poco susceptible de interpretaciones erróneas, que cuesta creer que, durante más de diez años, los políticos españoles, tanto del PSOE como del PP, pero sobre todo con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, hayan estado ordenando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado devolver a Marruecos a los inmigrantes que lograban llegar a España a nado, tanto a los interceptados con lanchas en aguas españolas como a los que conseguían pisar la tierra firme de nuestras playas. Habría sido sencillísimo modificar la redacción de la mencionada disposición adicional para que no solo se refiriera a los inmigrantes que intentan superar las vallas, sino a todos los interceptados en la frontera terrestre o marítima, como ahora, con más de diez años de retraso, reclama el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. O, como alternativa no excluyente, nuestros políticos podrían haber ampliado los elementos de contención mar adentro, hasta hacer prácticamente imposible que fueran superados a nado.

Pero en vez de hacer nada de eso, los políticos españoles, tanto del PSOE como del PP, se han pasado más de diez años ordenando a nuestros agentes de la autoridad incumplir una ley tan sencilla de entender, y ahora se echan las manos a la cabeza, escandalizados, porque dicen que, por culpa de una sentencia del Tribunal Supremo, no pueden seguir devolviendo a Marruecos a los inmigrantes que llegan a nado a Ceuta y Melilla, lo que ha provocado una nueva invasión migratoria que, «casualmente», ha coincidido en el tiempo con el viaje que, hace una semana, realizó Pedro Sánchez a Argelia, país que lleva años en «guerra fría» con Marruecos por el Sáhara Occidental. Cuesta creer que tengamos unos políticos tan mediocres y, por eso, muchos piensan que su nefasta actuación solo puede ser intencionada, porque lo que de verdad pretenden es facilitar la invasión de inmigrantes ilegales en defensa de oscuros intereses. Respecto a las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, la sentencia del Supremo no ha sido el problema. El problema de España está siempre en nuestros mediocres políticos, que se han pasado diez años ordenando incumplir la ley en Ceuta y Melilla.