La cortina de humo de la cadena alimentaria

El Gobierno se empeñó en subir el salario mínimo pese a que se le dijo, una y otra vez, que tanta subida artificial de los salarios, un 22,3% en 2019 y un 5,5% ahora en 2020, que de manera acumulativa ha hecho que dicho salario mínimo haya crecido desde los 735 euros a los 950 euros mensuales, un 29,25% acumulado, iba a producir consecuencias nocivas en la economía española.

Se repitió incesantemente que ese incremento del salario mínimo afectaría negativamente a todo el mercado de trabajo, pero especialmente a quienes desarrollan los trabajos menos cualificados, los que menos valor aportan y, por tanto, los que perciben unos salarios más bajos. Frente a la demagogia fácil que consiste en decir que es de justicia social que tengan unos salarios más elevados, se impone la dura realidad: cuando se obliga a establecer un precio mínimo por encima del precio de equilibrio del mercado, se produce una escasez de demanda. La demanda en el mercado de trabajo es la de las empresas, que ante dicho incremento no pueden soportar la subida de costes que provoca y tienen que prescindir de trabajadores o reducir el tiempo que los contratan.

Esos trabajadores menos cualificados son enviados, así, al desempleo o, en muchos casos, a algo peor, que es la economía sumergida, cosa que acciones de este tipo provocan. Esa destrucción de empleo por no poder soportar los costes -no sólo se incrementa el salario mínimo, sino también, con él, la base mínima de cotización a la Seguridad Social-, es lo que está empezando a pasar en el campo y en el servicio doméstico.

Pues bien, sin embargo, el Gobierno ha comenzado a poner en marcha una maniobra de distracción, una cortina de humo con la que desviar la atención. Así, ahora dicen que el salario mínimo no es el problema de los agricultores y que no se quejan por eso, sino por la cadena alimentaria, que les paga precios muy bajos por su producción.

No es cierto que ése sea el problema. Puede que los precios sean bajos, pero son los que devuelve el mercado y antes de la subida del salario mínimo eran tan bajos como ahora y no se veía este enfado de los agricultores. No, el elemento diferencial es el incremento del salario mínimo, tal y como han dicho los propios agricultores, por mucho que el Gobierno señale a las grandes superficies como los causantes de los males del campo.

Para empezar, las grandes superficies sólo son el destino del 7% de la producción de frutas y hortalizas, según el propio ministerio de Agricultura. Por tanto, no pueden ser ellos el problema con tan bajo porcentaje. Por otra parte, esas grandes superficies compran en grandes cantidades para poder vender un volumen muy elevado y conseguir bajar márgenes en cada producto para que sea comprado por muchos consumidores. No parece sensato que el Gobierno venga a proponer una subida de precios a las grandes superficies. Combatir un precio mínimo con otro precio mínimo no es la solución, sino que sólo agravaría el problema. Debería saber que esa subida se repercutiría directamente al consumidor. Además, ¿por qué no se deja a esas grandes superficies, que generan mucho empleo, seguir prosperando? Como digo, el problema del campo no se encuentra en ellas.

El Gobierno debería recapacitar sobre la distorsión que ha introducido con el incremento del salario mínimo y dar marcha atrás, pero no lo va a hacer. Lo máximo que hemos oído a la portavoz del Gobierno es decir que van a monitorizar si ese impacto existe o no, con la probable conclusión a la que llegará el Gobierno, que mantendrá que su medida estrella no afecta al empleo. Es una pena, porque, mientras tanto, mucha gente habrá perdido su forma de vida, su sustento, su puesto de trabajo.