Como en 1936, la izquierda no permite la existencia de la derecha

La anormalidad, en una democracia como la nuestra, no debe tener rango de costumbre ni menos aún de ley. Y resulta una anormalidad de primer orden que dos representantes políticas –Cayetana Álvarez de Toledo, del PP, y Rocío Monasterio, de VOX– celebren actos de precampaña y sucedan las imágenes que todos hemos tenido la oportunidad de ver; imágenes de un inusitado nivel de violencia.

Este tipo de escraches contra representantes de partidos constitucionalistas, por la frecuencia e impunidad con la que acontecen, se están convirtiendo en moneda corriente dentro de la vida española. Todos recordamos una escena similar a las vividas en Segovia y Barcelona, pero en este caso fue hace una década –en 2008– en la Universidad Complutense de Madrid. Tuvo como protagonista a Rosa Díez. Por lo demás, mismos insultos, mismo nivel de agresividad, misma necesidad de salir escoltada. Por cierto, en aquel acto de la Complutense, del cual también hay imágenes grabadas, aparece Íñigo Errejón y otros futuros dirigentes de Podemos entre el grupo de acosadores. Esta anécdota de Rosa Díez e Íñigo Errejón se eleva al nivel de categoría, porque vemos el patrón que la extrema izquierda aplica desde entonces: excluir al constitucionalismo, y muy especialmente a la derecha, de la vida política. Si es necesario, recurriendo sin pudor alguno a la violencia. No fue esta, sin embargo, la primera vez. Los comunistas tienen buena memoria –llevan recordando a un economista del siglo XIX, Karl Marx, durante más de 150 años– y los independentistas, por su instalación en los pasados míticos, otro tanto; y ambos ya aplicaron este mismo patrón de exclusión en la II República española, y muy especialmente en las elecciones de 1936, cuando decidieron atacar a la derecha. No han cejado en el empeño; en ello continúan.

Todos los espacios comunes, máxime en los momentos de precampaña, tienen que ser lugares de encuentro y diálogo. Pero difícilmente se puede apelar a la razón cuando hay individuos que libre y voluntariamente optan de manera tan decidida por la intolerancia. La ventaja es que vivimos en pleno siglo XXI. Las agresiones han sido registradas por múltiples cámaras y teléfonos móviles. La documentación gráfica hay que ponerla en manos de la Justicia para que inicie las investigaciones pertinentes. Los culpables deben ser castigados. La transgresión del Estado de Derecho en España nunca debe tomar carta de naturaleza.