Ceuta: ¡La frontera subcontratada!

«La obligación de los súbditos para con el soberano dura lo que dura el poder mediante el cual puede protegerlos, y no más.» — Thomas Hobbes

En 1919, Max Weber definió el Estado como la comunidad humana que reclama con éxito el monopolio de la violencia física legítima dentro de un territorio. Es una definición seca, le diré que casi notarial, pero que bajo mi punto de vista tiene una gran virtud: fija el mínimo que un Estado debe cumplir para merecer ese nombre.

Podemos discutir si le corresponde gestionar nuestras pensiones, fijar el precio de los alquileres o decidir qué comen nuestros hijos en el colegio. Lo que nadie discute, ni siquiera sus defensores más entusiastas, es que debe controlar su territorio. Esa es la supuesta gran contrapartida del monopolio. Nos prohíbe defendernos por nuestra cuenta porque, a cambio, promete defendernos él.

Los días 30 y 31 de julio esa promesa se rompió en Ceuta. Según las propias estimaciones del Gobierno, unas 72.000 personas entraron irregularmente en la ciudad en apenas dos días, a pie por el espigón del Tarajal y nadando. Es el mayor episodio migratorio registrado en la frontera hispano-marroquí que se recuerda. La mayoría regresó a Marruecos en los días siguientes, pero casi dos meses después unas 5.000 personas siguen allí, según el propio ministro del Interior.

Sin embargo, lo más revelador no es la frontera desbordada. Es lo que ha ocurrido después. Y es que la primera línea de defensa del ministro Grande-Marlaska ha sido negar que hubiera aviso. Una mentira, ¡otras más!. Ningún servicio de información, sostiene, previó lo ocurrido. El PP afirma que hubo más de siete alertas del CNI solo en julio.

La propia ministra de Defensa, Margarita Robles, dejó caer que el CNI sí había advertido de movimientos que apuntaban a un salto masivo. Ante esa contradicción, Marlaska ofreció en el Senado una frase que merece enmarcarse: «Para nosotros una alerta es que entren 300 o 400 personas en un día».

Detengámonos ahí, porque merece nuestra atención. Osea, que se supone que quien ostenta el monopolio de la seguridad decide también qué cuenta como amenaza o no. Y si ha fallado, redefine el umbral para que el fallo desaparezca. Es un examinador que corrige su propio examen. En cualquier mercado, un proveedor que fracasa estrepitosamente pierde al cliente, que se marcha a la competencia.

Pero el ciudadano de Ceuta no tiene adónde marcharse. No puede rescindir el contrato ni contratar a otro. Solo puede esperar a que el ministro dimita, pero claro, el ministro no tiene ningún incentivo para hacerlo.

Esto no es un defecto personal de Marlaska, aunque su gestión lo ilustre con
especial crudeza, más bien es lo que la teoría de la elección pública lleva más de medio siglo explicando. Buchanan y Tullock nos enseñaron a analizar a los políticos con los mismos supuestos que a cualquier otro agente: personas que responden a incentivos. Y el incentivo de un ministro no es proteger a los ceutíes, sino sobrevivir políticamente.

Y claro, cuando el coste del error recae sobre otros y el beneficio de
negarlo recae sobre uno mismo, el resultado es bastante previsible; ¡nadie asume nada!

A todo ello, hay algo todavía más inquietante. Según denunció el PP en el Congreso, el día de la entrada solo había sesenta agentes de la Guardia Civil asignados al servicio fronterizo, con cinco por turno en la valla. Mientras tanto, el Gobierno presenta como su gran activo la «cooperación leal» con Marruecos, a la que atribuye la contención de la crisis.

Entonces, según esto, el Estado español conserva, por tanto, el monopolio formal de la frontera, pero su custodia efectiva depende de la voluntad de un Estado vecino. Ese mismo vecino es al que el Parlamento Europeo acaba de acusar, en una resolución aprobada la semana pasada, de utilizar los flujos migratorios como instrumento de guerra híbrida. Es decir, para que lo entendamos, el monopolista en lugar de producir el servicio; digamos que ¡lo subcontrata! Y lo subcontrata precisamente al actor con más incentivos para no prestarlo cuando le conviene presionar. ¿Queda claro el despropósito?

En 1849, el economista belga Gustave de Molinari publicó De la production de la sécurité. Allí sostenía que la seguridad es un bien económico como cualquier otro, y que un monopolio la produce peor y más cara que un régimen de competencia. No hace falta compartir todas sus conclusiones para reconocer la fuerza del diagnóstico. Cuando el productor no puede ser despedido, el producto se degrada. Y en este episodio, Ceuta es la demostración empírica de lo que Molinari dedujo hace casi dos siglos.

¿Y ahora qué? Queda la factura, por supuesto. La Cámara de Comercio de Ceuta cifra las pérdidas directas del sector privado en torno a 33 millones de euros: comercios cerrados, turismo hundido en pleno verano y una población que ha cambiado sus hábitos por el miedo de la inseguridad. A eso se suman los 309 millones del plan aprobado por real decreto-ley el 1 de septiembre, que pagaremos todos los contribuyentes, desde Ceuta hasta Soria.

La situación de los menores es aún más elocuente. Ceuta tiene capacidad para acoger a 29 menores y tiene a su cargo cerca de 2.700. Al ritmo actual de traslados, reubicarlos llevaría casi cuatro años. Las escuelas infantiles municipales han tenido que retrasar el inicio del curso hasta el 28 de septiembre.

El patrón es siempre el mismo: el fallo se socializa y la responsabilidad se evapora. Paga el comerciante que bajó la persiana, la familia que ya no pasea de noche, el contribuyente que financia el plan de rescate e incluso los propios migrantes, muchos de ellos menores, utilizados como moneda de cambio en un pulso diplomático que no les pertenece. El único que no paga es quien tomó (o en este caso en el que no tomó) las decisiones.

Frédéric Bastiat definió el Estado como la gran ficción mediante la cual todos intentan vivir a costa de todos. En Ceuta, el político administra esa factura sin firmarla nunca. Una demostración más de lo inútil que es someterse a tal ficción, como el anarcocapitalismo defiende. El debate público se ha enredado en la terminología. ¿Invasión, crisis humanitaria, guerra híbrida? La discusión tiene su interés, pero corre el riesgo de ocultar la pregunta esencial.

Cualquiera que sea el nombre que le demos, lo ocurrido en Ceuta fue un fallo del único servicio que el Estado declara indelegable. Y nadie, absolutamente nadie, ha respondido por él. ¿Le parece decente? A mi desde luego en absoluto, pero tampoco me sorprende.

Pero para más inri, el pasado 15 de septiembre, en el Senado, el ministro del Interior confesó que él mismo se sentiría «subjetivamente inseguro» en Ceuta. Imaginen por un momento a una empresa de seguridad privada que le dijera eso a su cliente después de que le hubieran entrado en casa.

Perdería el contrato esa misma tarde, y con razón. En el Estado sanchista, el ministro conserva el suyo por una sola razón: sus clientes, en este caso los ceutíes, desafortunadamente no pueden rescindirlo.

Esa es, al final, la lección de Ceuta. No basta con reclamar el monopolio de la fuerza. Hay que ejercerlo, porque cuando un monopolio no protege, ni tampoco responde, lo que queda no es solamente un Estado débil, sino una ficción demasiado cara.

Gisela Turazzini, Blackbird Bank Founder CEO