Celaá anticipa el golpe a la educación concertada

Las declaraciones de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Celaá, en las que cargó contra la escuela concertada al asegurar -sin que le temblara una ceja- que «de ninguna manera se puede decir que el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o un centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza», no son un lapsus, sino toda una declaración de intenciones. Que le pregunten sino a  los centros concertados en la Comunidad Valenciana o Aragón, donde los Gobiernos autonómicos del PSOE y la izquierda radical han llevado a cabo un acoso contumaz.

Pese a que el artículo 27 de la Constitución no admite duda alguna, Celaá lo reinterpreta de manera sectaria, pero coherente con su voluntad de atacar el derecho constitucional de los padres a poder elegir libremente el tipo de educación que desean para sus hijos. Cabe recordar que fue la propia ministra de Educación quien anunció que se modificaría la ley que permite a la escuela concertada sacar más plazas en caso de que existiera «demanda social». Todo un aviso que pasó desapercibido, pero que anticipaba lo que estaba por venir. El acuerdo del PSOE con Podemos allana el camino para imponer una idea de educación totalitaria que no respeta los valores y creencias de los españoles, sino que pretende controlar e imponer el particular código de valores de la izquierda.

Lo que ha hecho la ministra de Educación es manipular el artículo 27.5 de la Constitución española, confundiendo intencionadamente el deber del Estado de garantizar la educación a todos los ciudadanos con el deber de imponer su modelo. Celaá no sufrió ningún lapsus, sino que adelantó las intenciones de un eventual Ejecutivo de izquierdas radical en el que el PSOE, con Podemos, los separatistas y los proetarras, arrasarán todo atisbo de libertad individual para configurar, desde las aulas, su particular y deleznable modelo de pensamiento.