Begoña Gómez, ‘controladora’ medioambiental de los Derechos Humanos

La polimputada Begoña Gómez ha decidido adaptar su currículum a la nueva realidad surgida tras la cancelación de su cátedra y sus másteres en la Universidad Complutense y ha orientado su vida profesional hacia un nuevo ámbito laboral, el de «certificadora» de «sostenibilidad», un diploma expedido por una escuela privada internacional que la capacita para elaborar «informes de sostenibilidad» de las empresas y evaluar el compromiso de las compañías con el Medio Ambiente y los Derechos Humanos.

O sea, un trabajo de lo más progresista. En suma, se trata de medir los impactos medioambientales de las empresas para determinar si las compañías cumplen con las normas verdes de la UE, que han sido objeto de crítica desde hace años. Parece que Begoña Gómez ha decidido diversificar y potenciar la «sostenibilidad empresarial», habida cuenta de que su plataforma para ayudar a las empresas a hacerse con las subvenciones del Gobierno de su marido está -por razones obvias- bajo sospecha. Gómez les ofrecía una serie de beneficios, como la emisión de un «informe no financiero» que les permitiría concurrir en mejores condiciones a la «compra pública», es decir, a contrataciones del Gobierno. Este informe serviría además a las empresas para acreditar que cumplía con la normativa y las directivas comunitarias, como la Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, aspecto este que es el que la esposa del jefe del Ejecutivo pretende implementar.

El problema de Begoña Gómez, en todo caso, no está en el qué, sino en el cómo. No en lo qué hace, sino en cómo lo hace, porque todos los ámbitos laborales en los que se mueve son perfectamente legítimos. El reproche que cabe hacerle, con independencia del pronunciamiento de la justicia, es que para su desarrollo profesional se sirvió de su condición de mujer del presidente del Gobierno, utilizando medios y recursos públicos. Es por eso por lo que Begoña Gómez está imputada.