Un atentado a la libertad de empresa

La proposición no de ley presentada por PSOE y Sumar -partidos de Gobierno- con la que se pretende obligar a las empresas a que notifiquen al Ejecutivo con nueve meses de antelación su intención de cambiar su sede social fuera de España -una suerte de cláusula anti-Ferrovial, para entendernos- constituye un atentado de proporciones gigantescas contra la libertad de empresa consagrada en la Constitución y, de paso, choca frontalmente con las normas más elementales de la UE. El lapso de tiempo que marca el Gobierno para intentar convencer a la empresa de que no deslocalice su actividad juega en contra de las propias compañías, pues si una empresa decide abandonar nuestro país para que la voracidad fiscal del Gobierno no lastre sus cuentas, tendrá que esperar casi un ejercicio fiscal a poder ejecutar su salida.

La situación se agrava para las compañías que hayan recibido ayudas del Estado: la deslocalización quedará congelada, lo que equivale a una prohibición. Así, los grupos empresariales que, en el conjunto de las administraciones públicas superen los tres millones de euros en los últimos cinco años, deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años en el caso de grandes empresas, tres en el caso de medianas empresas y dos en el caso de pequeñas empresas. «Entendiendo que se incumple esta obligación cuando procedan de manera efectiva a reducir en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla», reza el texto.

Estamos ante una flagrante violación de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, preceptos comunitarios a los que se acogió Ferrovial para llevarse su sede fuera de España, concretamente a Países Bajos. Y es que la subida de costes e impuestos hace que muchas empresas estén hablando en sus consejos de administración de la posibilidad de deslocalizar parte del negocio, cuando no salir de España directamente para librarse de la horca fiscal del Gobierno de Sánchez. La respuesta del Ejecutivo para frenar a las empresas es sencillamente ilegal.