Hay que eliminar el indulto porque es una figura medieval

Tiene razón el Partido Popular cuando propone eliminar los indultos. Semejante figura medieval nos retrasa como país, además de darle una importante dosis de oxígeno a los que tratan de subvertir la legalidad vigente, como es el caso de los golpistas catalanes. ¿Qué clase de Gobierno podría querer algo así? Pues uno hipotecado, en insostenible minoría y con un presidente que, sin pasar por las urnas, haría lo que fuera necesario —incluso contra el interés general de todos los españoles— por mantenerse en el poder. Lamentablemente, es justo la situación que tenemos en España con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sostenido por aquellos a los que en alguna ocasión declaró incompatibles con la gobernanza de la nación.

Ahora, sin embargo, en vez de aprovechar la extrema división existente entre ERC y PDeCAT para ningunearlos y, así, debilitar al máximo el secesionismo, pretende darles un balón de oxígeno al no eliminar la figura del indulto. Todo para obtener los apoyos necesarios y aprobar unos Presupuestos fake de los que Bruselas recela profundamente y que, de aprobarse, sólo lograrán devolver a los españoles a la recesión de la que tantos sacrificios nos ha costado salir. De nuevo, el mal endémico que padece España desde la moción de censura contra Mariano Rajoy: la viabilidad del país —en este caso la aprobación de una Cuentas Públicas que, por otra parte, son un desastre— está en manos, justamente, de los que quieren acabar con ella.

Pura política kafkiana. Hace bien el PP, por tanto, en exigir que se prohíban los indultos por delitos de rebelión y sedición, además de aquellos contra la Corona. No obstante, y a pesar de la loable intención, ni siquiera con el apoyo asegurado de Ciudadanos, el PP tiene mayoría para poder neutralizar este desvarío. Sin embargo, si se mantienen firmes, que lo harán, obligarán al PSOE a retratarse, lo que demostrará que acceden al chantaje independentista o su Gobierno es imposible. Sánchez sigue empeñado en tomar la senda de Zapatero, que con su llegada al poder despenalizó las consultas ilegales contra las que había legislado José María Aznar en 2003. La historia se repite y no augura nada bueno para España.