Italia y España marean a Bruselas

Tenemos nuevo Gobierno, pero seguimos con los mismos Presupuestos. Antes y después, nuestras Cuentas Públicas tienen un denominador común: no convencen a Bruselas. En concreto, por la actualización de las pensiones según el citado IPC. Significa, de facto, cargarse las reformas habidas en 2011 y 2013 así como la inaplicabilidad por el momento del factor de sostenibilidad o de equidad intergeneracional. Con ello, se contravienen los mandamientos emanados del oráculo que representa la Comisión Europea que, a la vista tanto de los mencionados Presupuestos como del Programa de Estabilidad presentados por España, pone en tela de juicio la efectividad del cumplimiento del objetivo de déficit público pactado en el 2,2% sobre el PIB en 2018. Desde el cuartel general europeo recuerdan que España se mantiene como único país sometido al control del protocolo de déficit excesivo, con el 3,1% sobre el PIB en 2017.

Las autoridades europeas apuntan a un 2,7% de déficit público en 2018 en España sin descartar incluso que rozara el 3% como consecuencia de volver a vincular las pensiones con el IPC y, al propio tiempo, a un cierto relajamiento en el gasto público, es decir, que, dadas las circunstancias imperantes en España, el control tan férreo de tiempo atrás sobre nuestras cuentas públicas se ha rebajado. Por añadidura, Bruselas también insiste en que España sigue lejos de cumplir con los objetivos del Pacto de Estabilidad sobre todo cuando la deuda pública rondará en 2018 el 100% de nuestro PIB, muy por encima del 60% fijado. Lo peor del asunto presupuestario es que la Comisión Europea ya alerta a nuestras autoridades sobre la conveniencia de tomar medidas correctoras en el transcurso de 2018 a fin de que se cumplan los objetivos presupuestarios y prevalezca la disciplina fiscal.

La interpretación de esa, digamos, recomendación europea —podría decirse que más bien mandato— dará lugar con plena seguridad, según sea la marcha de nuestras finanzas públicas, al alumbramiento de alguno de esos típicos decreto-ley de medidas urgentes en materia económica, presupuestaria y tributaria que desembocan en aumentos de la recaudación por impuestos o frenazos en el gasto. No es descartable, por tanto, que sobre la marcha nuestro Ejecutivo cambie algunas reglas del juego tributario ni tampoco que se dé un repunte en la presión recaudatoria de nuestra Hacienda para equilibrar los números de las cuentas públicas en 2018. Eso conduce a pensar en Granada, en esa bella y cautivadora ciudad andaluza, con los indescriptibles atardeceres de su Alhambra. ¿Granada? Sí. ¡Granada! La capital andaluza acogía días atrás lo que constituye la Declaración de Granada, que no es precisamente de amor sino de docta rebelión tributaria, con más de 30 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario exclamando ¡basta ya!

¿Por qué? Claman al cielo nuestros profesores afirmando que el contribuyente se ha convertido en súbdito y obligado tributario. Protestan, con conocimiento de causa, por ese abuso constante del “decreto–ley” que contraviene la primacía del poder legislativo con constantes cambios normativos. Resaltan nuestros sabios tributaristas que la Administración “elige para exigir el tributo que más le conviene” y que aplica la presunción de culpabilidad al contribuyente, dedicándose solo a controlar y castigar al contribuyente–súbdito. Alertan los expertos de la cantonalización tributaria que se da en la España autonómica. Esto es, lo que nosotros damos en llamar federalismo tributario que lleva a una miríada de figuras tributarias que entre ellas, dependiendo de la Comunidad Autónoma, se aplican con criterios diferentes. Subrayan los catedráticos que en España se quiebran de hecho los principios de igualdad —al primar el poder ejecutivo sobre el legislativo—, de legalidad, de seguridad jurídica y de solidaridad, enfatizando en que la justicia tributaria no solo se limita a los ingresos, también a los gastos… ¿Algún político, alguna de nuestras autoridades, habrá prestado atención y escuchará la voz de la sapiencia de los eruditos de la Hacienda Pública?