Editoriales

Ni un minuto más de impunidad

Ni un minuto más de impunidad
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Podemos frente a los focos es sinónimo de mentira y fatuidad. Por eso tanto la Fiscalía como la Agencia Tributaria tienen que poner negro sobre blanco la realidad de su financiación de una vez por todas. Desposeerlos de su dialéctica de trileros populistas a base de investigaciones que desemboquen en una verdad contable y documental. Este partido que ha bebido con abundancia de los grifos monetarios de dos dictaduras como Venezuela e Irán —ahí están las pruebas aportadas por OKDIARIO y el testimonio de Enrique Riobóo, propietario de la televisión local donde se emitía La Tuerka— no puede seguir bajo el amparo de una inmunidad que se antoja inexplicable, al menos por los conductos de la congruencia. No puede ser tampoco que un sinvergüenza fiscal como Juan Carlos Monedero comparezca ante la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos para reconocer con desfachatez que trabajó “poco” para recibir 425.000 euros de la Venezuela chavista. Es una auténtica tomadura de pelo.

Tanto como que asegure desconocer a Rafael Isea, ex ministro de Venezuela que confirmó ante la Policía española que Chávez ordenó pagar 6,7 millones de dólares a la fundación podemita CEPS para extender el populismo bolivariano en España. Especialmente cuando todo el mundo sabe que tenía despacho y escritorio en la parte más influyente del Palacio de Miraflores, la residencia habitual de Nicolás Maduro. El dinero que recibió el ideólogo podemita está manchado por la sangre de los cientos de venezolanos que han perdido su libertad —o en el peor de los casos la vida— por defender los principios democráticos en aquel país. Una nación que, a pesar de los intentos blanqueadores de algunos periodistas, no es más que una satrapía donde su moneda interna es papel mojado que no vale de nada para sus ciudadanos y sobre la que Podemos no quiere que se informe. De ahí que políticos black como Ramón Espinar, o el propio Monedero, ataquen a los periodistas que se atreven a denunciar su connivencia con los jerarcas del régimen venezolano.

Un país donde la gran parte de los ciudadanos carece, si quiera, de cualquier opción que no sea malvivir. Amén de los 400 presos políticos que habitan en sus presidios subyugados por condiciones que vulneran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tanto por la procedencia como por la cuantía, alguien dentro de las instituciones competentes del Estado tiene que dirimir qué pasó para que la Fundación de Podemos sólo declarara a Hacienda 3,7 de los más de 7 millones que les regaló Hugo Chávez. Está en juego la credibilidad de nuestro sistema, ya que cualquier ciudadano español que incurriera en semejante laxitud fiscal tendría graves problemas. Por eso, en el caso de un partido político se espera la misma rigidez o incluso más. Sobre todo cuando además la mayor parte de su doping financiero procede de dos de los regímenes más abyectos que existen ahora mismo en el mundo: el de los ayatolás iraníes —asesinos de homosexuales y adúlteras— que ingresó 9,3 millones al canal de Pablo Iglesias y que incluso pagaban su móvil personal, y el de esos militares caribeños metidos a políticos que en nombre de Simón Bolívar hacen de la miseria la única certeza del día a día, pero que al mismo tiempo buscan caminos offshore para depositar 272.325 dólares a nombre de Pablo Manuel Iglesias Turrión en agradecimiento a los servicios prestados.

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