Sólo 300 de las 1.200 hectáreas agrícolas entran en las ayudas para renaturalizar Doñana

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 15/10/2026 05:00
  • Actualizado: 15/10/2026 05:00

Los agricultores del entorno de Doñana han recibido con enorme decepción la primera resolución de las ayudas a la renaturalización. El motivo de esta tristeza se visibiliza en que alrededor del 75% de la superficie presentada a través de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado ha quedado fuera.

La organización, que analiza expediente por expediente la resolución provisional de la Fundación Biodiversidad, calcula que algo más de 300 de las 1.200 hectáreas que tramitó habrían resultado inicialmente beneficiarias.

Una resolución insuficiente

La Plataforma considera insuficiente la propuesta provisional y avisa de que los primeros datos apuntan a un problema de fondo. Su portavoz, Manuel Mora, afirma que la convocatoria “se queda muy lejos de resolver el problema” para el que se plantearon las ayudas.

La propuesta contempla ayudas por un total de 28,49 millones de euros y recoge además una relación de solicitudes en reserva por agotamiento del presupuesto. La propia resolución abre ahora un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.

El MITECO ha preseleccionado 66 solicitudes de las 118 que presentaron la documentación en plazo, con una superficie total de 407 hectáreas. Otras 11 solicitudes quedan en la lista de reserva de esta primera convocatoria.

Trabas documentales

Para la Plataforma, uno de los principales problemas ha sido la complejidad administrativa de la convocatoria y la dificultad de los agricultores para interpretar algunos de sus requisitos.

Mora sostiene que muchos expedientes han quedado fuera por cuestiones documentales y requisitos muy concretos que los solicitantes no tenían claros cuando se abrió el plazo. Cita casos relacionados con la documentación para acreditar obligaciones registrales o societarias.

La organización calcula que más de 300 hectáreas se han quedado fuera por este tipo de motivos. Ahora que se conoce qué documentación se exige y cómo debe presentarse, defiende que esas superficies tengan la oportunidad de concurrir de nuevo.

Falta de atención técnica

La Plataforma recuerda que, durante la tramitación, reclamó en varias ocasiones un canal de atención técnica para resolver dudas sobre los expedientes. A su juicio, esa carencia ha contribuido a las dificultades de los solicitantes.

La asociación ya denunció públicamente los retrasos y la falta de respuesta administrativa que afectaban a la convocatoria. Sus asociados presentaron proyectos para unas 1.200 hectáreas, frente a una capacidad presupuestaria muy inferior a esa superficie.

El propio Ministerio apuntó en su día que las ayudas alcanzarían unas 400 hectáreas, algo que no impide ampliarlas en próximas convocatorias hasta la superficie total de cultivo.

Mantener las reglas

La principal petición de la Plataforma es que las siguientes convocatorias mantengan los criterios, la forma de puntuación y el ámbito territorial de los cinco municipios incluidos en esta primera línea.

Según Mora, no tendría sentido que, tras el esfuerzo realizado para adaptarse a estos requisitos, se modificaran ahora las reglas o la forma de puntuar. El objetivo es que quienes ya conocen las condiciones puedan presentar bien sus proyectos.

La organización calcula que, entre las hectáreas que no han resultado beneficiarias y otras superficies cuyos titulares decidieron no concurrir, más de 1.000 hectáreas vinculadas a sus agricultores podrían optar a próximas líneas de ayudas.

Una segunda convocatoria

Por ello, Mora reclama que haya una segunda convocatoria y las que sean necesarias, o bien una convocatoria con una dotación económica muy superior, porque con esta primera resolución el problema está lejos de quedar resuelto.

La Plataforma ya había pedido en el pasado ampliar la superficie financiada. Según recoge en sus redes sociales, solicitó el respaldo del Parlamento andaluz a unas 800 hectáreas adicionales de renaturalización y pidió ajustar plazos y recursos.

Las ayudas, de hasta 7.000 euros por hectárea y año durante diez años, exigen desmantelar invernaderos y estructuras, dejar de usar los pozos para fines agrícolas y reforestar con especies autóctonas.

Casi tres años de Pacto

La Plataforma lamenta también los plazos con los que se ejecuta el acuerdo para el entorno de Doñana. El Pacto se firmó a finales de 2023 y la primera convocatoria sigue, en octubre de 2026, en fase de propuesta de resolución provisional.

Mora asegura que han pasado casi tres años desde el acuerdo y que los agricultores siguen esperando a que la solución llegue de verdad al territorio. Les preocupa volver a ser los últimos en las prioridades del Pacto de Doñana.

El portavoz espera que la próxima convocatoria salga cuanto antes, con presupuesto suficiente y sin cambiar las condiciones ya conocidas. Asegura que hay agricultores preparados para presentar sus proyectos y cerrar así el problema de las hectáreas afectadas del Condado.

Diez días para alegar

La resolución es provisional. Se abre ahora un plazo de diez días hábiles de alegaciones para los solicitantes, que son quienes deberán defender sus expedientes en esta segunda fase.

Según las bases reguladoras, los solicitantes tienen que estar al corriente de cualquier sanción firme en materia de agua, medioambiente y urbanismo. Su cumplimiento deberá documentarse en esta segunda fase.

El Ministerio prevé además poner en marcha en los próximos meses ayudas al cultivo de secano y a la producción ecológica, dentro del Marco de Actuaciones para Doñana del Gobierno de España.