Torra blinda económicamente de por vida a todos los ex presidentes de la Generalitat

Puigdemont
El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont (Foto: Efe)

El Govern ha autorizado este martes a los departamentos de la Generalitat a realizar las actuaciones oportunas dentro de sus competencias "para garantizar a los expresidentes de la Generalitat la atención y el apoyo que necesiten para asegurar su derecho a vivir dignamente en todas las etapas de la vida".

Lo ha anunciado en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, donde ha precisado que es una iniciativa para dar respuesta a las “necesidades específicas” del expresidente Pasqual Maragall, que desde hace más de una década padece una enfermedad degenerativa.

Artadi ha dicho que no se trata de ninguna iniciativa pensada para dar “beneficios económicos y materiales” al expresidente Carles Puigdemont, y ha recordado que éste ya tiene acceso a varias prerrogativas que la actual ley marca para los expresidentes, como el derecho a una oficina.

El Govern recuerda que ya existen una ley y un decreto que regulan las prerrogativas de los expresidentes, y afirma que el acuerdo que ha tomado este martes “refuerza” la normativa actual para atender a las necesidades personales de los expresidentes con la dignidad y el decoro que se corresponden.

Los expresidentes de la Generalitat que se han acogido a la normativa general, aparte de Maragall, son Artur Mas, Carles Puigdemont, José Montilla y Jordi Pujol, aunque Artadi ha recordado que este último renunció a sus prerrogativas en 2014 cuando admitió haber tenido dinero de forma irregular en Andorra.

Esta ley de medidas va a la contra de la tendencia en el resto de España donde paulatinamente se están recortando las ventajas que tienen los cargos públicos por el hecho de haberlos ocupado. Los sectores críticos se plantean si Torra no está blindándose en lo económico ante la posibilidad de que pudiera ser acusado de algún tipo de desobediencia. El texto también beneficia a un prófugo de la justicia como Carles Puigdemont.

Claramente se trata de dotar con recursos públicos el mantenimiento del nivel de vida de políticos con situaciones complicadas con la Justicia. Es el caso de Artur Mas que ve cómo tiene que hacer frente a una multa millonaria por su labor de organización del referéndum ilegal del 9 de noviembre.

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