El retorno a la abogacía de Alejandra Jacinto: pleitea contra Ayuso y Almeida por la Cañada Real

La candidata de Podemos en las últimas elecciones madrileñas que no consiguió entrar en la Asamblea, Alejandra Jacinto, vuelve a la carga contra Isabel Díaz Ayuso. Tras la mayoría absoluta del PP en la región, esta política pasó fugazmente a ser portavoz de vivienda de Sumar para, a la postre, abandonar la política. Sin embargo, como dice el clásico «la vida sigue igual»: la estrecha colaboradora de Pablo Iglesias en su vuelta a los juzgados se dedica a impulsar supuestos casos contra los Gobiernos populares de la Comunidad y el Ayuntamiento de la capital.

«Esperamos nuevas imputaciones próximamente, iremos informando. ¡Derecho a la vivienda!», ha trasladado Alejandra Jacinto en sus redes sociales tras una de sus primeras visitas a los juzgados de Plaza Castilla a la que ha acudido tras no conseguir revalidar su acta de parlamentaria autonómica. Del mismo modo que Ángela Rodríguez Pam, que se apuntó a unas oposiciones viendo el futuro negro de Podemos –aunque no se presentó al examen según comentó–, esta ex parlamentaria se ha buscado una dedicación al margen de la política institucional.

En particular, a través de su cooperativa de abogados Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) Alejandra Jacinto está intentando que un juez condene a los altos cargos de la Administración regional y local por los derribos de infraviviendas en la Cañada Real. Esta agrupación de abogados recibió casi 50.000 euros públicos de ayuntamientos de izquierdas.

«Hoy ha prestado declaración el alto funcionario del Ayuntamiento que autorizó el derribo ilegal de una vivienda en la que vivía una familia de Cañada Real. Ha quedado claro que no se respetó el procedimiento administrativo obligatorio ni se dio audiencia al interesado», proclama sin ninguna duda la ex diputada antes de conocer el fallo judicial.

A pesar de que durante cuatro años de mandato trató de resolver la cuestión de la Cañada Real el Gobierno municipal de Manuela Carmena, que también están implicados los municipios de Rivas y Coslada, de IU y PSOE respectivamente y que el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra (Podemos) ha intentado sin éxito mejorar la crisis chabolista, Alejandra Jacinto exclusivamente va contra «las distintas administraciones actuantes, todas gobernadas por el PP». Critica que para eludir responsabilidades «se señalan unas a otras, todo con el fin de seguir acosando a los vecinos y vecinas de Cañada para poder especular con los terrenos».

Fuentes consultadas por OKDIARIO auguran que el recorrido de varias denuncias y procedimientos judiciales en este caso es muy escaso. Sin embargo, si momentáneamente Jacinto logra una imputación de cargos políticos, la izquierda podrá pedir su dimisión.

Salimos de los Juzgados de #PlazaCastilla tras la toma de declaración como investigado del Jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de @MADRID, por el derribo el año pasado de una vivienda en #CañadaReal.

Os lo contamos brevemente en un hilo 🧵👇🏽 pic.twitter.com/pWUTmklrIX

— Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES (@CAES_Coop) October 4, 2023

El derribo bajo investigación

En el caso que se está investigando con más ahínco en las últimas semanas se asegura que las autoridades del PP dieron visto bueno a demoler una casa donde vivía un hombre «desde 2004» pero que, casualmente, estaba de vacaciones en Marruecos. Sin embargo, las fuentes pulsadas por este periódico esgrimen que desde hace años la chabola estaba abandonada y estaba siendo foco de degradación.

El Juzgado de Instrucción número 20 de Madrid analiza este derribo en el posiblemente mayor asentamiento chabolista de Europa. Jacinto denuncia la presunta comisión de delitos de allanamiento de morada, daños, contra la ordenación del territorio y el urbanismo, y prevaricación, entre otros.

Tras su admisión a trámite, la magistrada Nieves Medrano ha interrogado como investigado por posible prevaricación administrativa al responsable de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid. En su declaración, según Jacinto, el responsable municipal habría señalado directamente al comisionado para la Cañada Real de aquellas fechas, Markel Gorbea, «echando balones fuera» en su responsabilidad. Gorbea está citado en calidad de querellado en marzo por otra causa que investiga un derribo similar. Algunas fuentes le señalan como «el cabeza de turco» elegido para cargarle estos procedimientos pero, no obstante, indican, ha realizado un buen trabajo tratando de regularizar el caos que ha todos los niveles reina en la Cañada Real.

En 2020 saltó la polémica porque estos vecinos estaban enganchados a la luz y generaban facturas desproporcionadas porque la electricidad se usaba para cultivar marihuana. Llevaron a juicio a la compañía energética que cortó el suministro ante estos abusos, pero los tribunales dieron la razón a esta empresa.