Alejandra Jacinto abandona Podemos tras dejar al partido sin escaños en Madrid
La ex portavoz en la Asamblea ha criticado las dinámicas internas de la formación
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Alejandra Jacinto abandona Podemos y la política para volver a su actividad profesional como abogada. Después de hacer desaparecer a la formación morada de la Asamblea de Madrid en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, en las que obtuvo 161.032 votos que no se tradujeron en ningún escaño, Jacinto ha decidido saltar del barco.
La ex diputada, a quien fichó Pablo Iglesias para su candidatura a las elecciones de mayo de 2021, ha informado de esta decisión a través de un comunicado en el que ha celebrado que Podemos esté emprendiendo «procesos de renovación organizativa y programática», algo que le parece «oportuno y necesario».
En ese texto, en el que ha subrayado que la «política actual contiene elementos de gran complejidad y equilibrios difíciles», también ha criticado las dinámicas internas de los partidos. En este sentido, ha opinado que éstas «aunque son necesarias para su funcionamiento democrático» no deben «ahogar el debate propositivo ni desplazar el papel que juega la sociedad civil como garantía y motor en una democracia avanzada que debe ser construida entre todas, todos los días, desde muchos lugares».
Alejandra Jacinto relata que ya ha comunicado a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, su decisión de cesar en las estructuras y responsabilidades orgánicas que mantenía hasta ahora. Jacinto también concurrió a las elecciones generales del pasado 23 de julio, en el número 15 de la papeleta de Sumar encabezada por Yolanda Díaz y, en las últimas semanas, había ejercido como portavoz de Vivienda de Sumar.
En el marco del programa electoral de Sumar, Jacinto propuso constituir, en menos de diez años, un parque residencial de dos millones de viviendas sociales en alquiler, a razón de 200.000 inmuebles al año. Quería destinar a este parque un gasto sostenido del 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de media, lo que podría rondar los 10.000 millones de euros. A su entender, este parque público hubiera sido la «clave estructural» para garantizar el derecho a una vivienda «adecuada y asequible».
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