Mónica García exige a Ayuso «inspectores» en igualdad para espiar en empresas y en la administración

El grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea, comandado por Mónica García, ha presentado en la Cámara una ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la que contempla la creación de un cuerpo de «inspectores» en materia de igualdad de género con carta blanca para «personarse libremente y sin previa notificación» en todos los lugares donde se desarrolle una actividad sometida a la ley, con la única salvedad de los domicilios particulares.

De acuerdo con el texto de la ley, al que ha tenido acceso este periódico, las funciones de estos «inspectores» de igualdad de género tienen como funciones «velar, vigilar y comprobar el cumplimiento de esta ley y sus normas de desarrollo».

Para ello, la ley le concede poderes para «realizar cuantas actuaciones sean precisas para verificar los hechos que hayan sido objeto de denuncia o reclamación y puedan ser constitutivos de infracción».

Respecto al régimen jurídico, el articulado da al «personal inspector» consideración de «autoridad con plena independencia en su desarrollo en el ejercicio de sus funciones».

Un estatus por el cual las «personas físicas y jurídicas, entidades y organizaciones estarán obligadas a facilitar a la inspección el acceso a las instalaciones y el examen de los documentos, libros y datos estadísticos que tengan en su poder, así como a proporcionar toda la información solicitada».

Además, el «personal inspector podrá recabar, cuando lo considere necesario, la cooperación de otras instituciones públicas en los términos y condiciones previstos en la normativa vigente».

Quienes se nieguen u obstruyan «la acción investigadora de los servicios de inspección de igualdad de género de la administración de la Comunidad de Madrid» serán objeto de multas de entre 3.001 y 30.000 euros como autores de una «infracción grave».

La misma pena y categoría tendrá el «no suministrar datos o información obligatoria a efectos de esta ley o hacerlo fuera de plazo, previo requerimiento formal del órgano directivo competente en materia de igualdad de género de la Comunidad de Madrid, cuando de ello se derive un perjuicio grave», así como «el suministro de la información obligatoria requerida con datos inexactos, incompletos o de forma diferente de la que esté establecida, cuando estos hechos den lugar a un perjuicio grave».

La responsabilidad administrativa por este tipo de infracciones en materia de igualdad de género se imputará a aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, «que realicen acciones u omisiones tipificadas en esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en las que pudieran incurrir y de las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral pueda ejercer la inspección de trabajo».

Esta es la misma ley en la que Mónica García, tal y como publicó OKDIARIO hace unos meses, quiere establecer que la Comunidad de Madrid deba nombrar a personas no binarias titulares de órganos directivos de la Administración y de los entes que integran su sector público.

El propio texto incluye una definición de «persona no binaria» como aquellas personas «cuya identidad o expresión de género se ubica fuera de los conceptos tradicionales de hombre-mujer  masculino-femenino, o fluctúa entre ellos».

De este modo, Mónica García quiere que sea ilegal que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, no contrate a personas que no se sientan hombres ni mujeres, o se sientan una mezcla entre ambos, para altos cargos en la Administración Pública.