El mapa de la corrupción del PSOE en Madrid: el arma del PP para hacerse con el ‘cinturón rojo’

El equipo de Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro: quiere recuperar el cinturón rojo de Madrid, los municipios al sur de la capital que gobierna el PSOE con mano de hierro. Para vencer en las próximas elecciones municipales de mayo de 2023 tienen una baza: los múltiples casos de corrupción que asolan estas localidades. OKDIARIO recopila varios escándalos que salpican de lleno a alcaldes socialistas. La mayor parte de ellos ya han sido confirmados por Ferraz para presentarse de nuevo a los comicios.

Fuentes del PP indican que «todo suma a la hora de lograr el cambio en muchos ayuntamientos socialistas en los que, a los casos de corrupción conocidos, se une su constante compadreo y justificación con las políticas de Pedro Sánchez que no ha hecho más que atacar a los madrileños y perjudicarles».

El equipo que encabeza Isabel Díaz Ayuso sostiene que «si a un alcalde socialista que no baja impuestos a sus ciudadanos, que justifica los ataques de Sánchez contra los madrileños se le unen casos de enchufismo o corrupción es otro nivel». «Todos esos vecinos honestos, incluso votantes del PSOE, desearán un cambio en su propio municipio», resaltan desde las filas populares.

Móstoles

Escándalo por enchufar a familiares y amigos. La alcaldesa de la ciudad más poblada de la región después de la capital, Noelia Posse, estrenó su mandato apareciendo en todos los informativos. Enchufó a media docena de personas de su más estrecho entorno en diferentes puestos del Ayuntamiento de Móstoles. Aunque no es un caso de corrupción, es una clara falta de ética para el PP.

La Fiscalía pide la reapertura del caso ITV. A eso se suma un presunto delito de corrupción por perdonar deudas a una empresa de inspección de vehículos que operaba en el municipio. Se archivó provisionalmente, pero el Ministerio Público ha emitido un auto en el que dice claramente que el juez debería reabrir el caso.

Alcorcón

Condena a 5 años de inhabilitación. La alcaldesa Natalia de Andrés quebró una empresa municipal y tiene prohibido gestionar bienes públicos o privados ajenos. Sin embargo, será candidata de nuevo. En su día fue concejal de Urbanismo y, a su vez, presidenta del Consejo de Administración de la Empresa de la Vivienda Pública (EMGIASA). Hundió a esta empresa de varias formas: creando un centro que no contaba con plan de viabilidad o, entre otros, trasladó 15 millones de falsos beneficios al propio Ayuntamiento. La Justicia señala que no eran beneficios ciertos, y ordena su devolución a la empresa pública. El PSOE ha recurrido la sentencia.

Fuenlabrada

Enchufazos. Desde 2011 hay polémicas por los vínculos familiares. El modus operandi es avisar personalmente a los interesados. Se realizan pruebas fáciles, que los sindicatos califican como «simulacro de oposición». Al final, un examen para cribar y que sólo queden los elegidos. En 2015, el PP de Fuenlabrada registró ante notario cuatro veces listas con los nombres de los previsibles agraciados. Para conserje, de 11 plazas disponibles para 1.700 personas, acertaron siete. Todos con vinculaciones al PSOE o a sindicatos afines. Para barrendero, acertaron 18 de 31 nombres entre 1.236 personas. Por ejemplo, en 2018 la nuera de José Antonio Griñán fichó por el Ayuntamiento. También dos hijos del ex alcalde Manuel Robles trabajan para Fuenlabrada y Parla. Ahora, en 2022, la Justicia ha condenado al Ayuntamiento por contratación irregular.

Getafe

Sentencia por vulnerar derechos religiosos por guías sexuales. El Ayuntamiento de Getafe editó y distribuyó unas guías sexuales, dirigidas a menores, entre los colegios del municipio. Las guías, con contenido ideológico y adoctrinador, fueron denunciadas y terminaron en una sentencia que falló contra el Ayuntamiento. La sentencia señalaba que el contenido atacaba los derechos de las familias y los menores, y era un contenido adoctrinador. En las guías aparecía el logo del Ayuntamiento, el PSOE y la Comunidad de Madrid. El proyecto se pagó con fondos públicos.

Coslada

Caso urbanístico. El alcalde de Coslada, Ángel Viveros, se presentó a las elecciones de 2019 ocultando que una jueza había dictado apertura de juicio oral contra él por el caso Calvario. Tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por un delito de prevaricación urbanística y otro contra el patrimonio histórico por haber concedido a un hipermercado un permiso de obras en un yacimiento arqueológico paleolítico.

Según el Ministerio Público, el Gobierno local ignoró la obligación de solicitar una autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid. La Fiscalía le pide casi cuatro años de prisión, una multa de 6.480 euros y la obligación de indemnizar a la Comunidad de Madrid con 2,2 millones.

Leganés

Fraude de ley. El Gobierno de Santiago Llorente ha sido denunciado por el PP por presuntamente incurrir en fraude de ley al lanzar una adjudicación de 20 años por 13 millones para la explotación de las pantallas informativas en el mobiliario urbano de la ciudad. Según los populares, el Consistorio quiere simular una cesión de dominio público cuando en realidad estamos ante un contrato de concesión de servicios que, como máximo, puede extenderse a cinco años, tal y como recogen las directivas europeas y los tribunales de contratación autonómicos.

Por otra parte, otros municipios gobernados por el PSOE salpicados por la corrupción en los últimos meses son San Martín de Valdeiglesias con el caso Pantano que ha derivado en la detención de la ex alcaldesa, Parla por el caso Púnica o Campo Real.