Ayuso exige que para votar desde el exterior en Madrid se acredite que la región fue el último lugar de residencia

La Comunidad de Madrid presentará alegaciones ante la Junta Electoral Central para exigir que solo puedan votar desde el exterior en las elecciones autonómicas quienes acrediten documentalmente que su última residencia ha sido un municipio de la región. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, lo ha anunciado en el Debate del Estado de la Región para evitar, según ha defendido, que el Gobierno manipule el censo con la Ley de Nietos.

La medida llega después de que el Tribunal Supremo haya suspendido la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de las personas que han obtenido la nacionalidad española al amparo de la conocida como Ley de Nietos. El Alto Tribunal ha ordenado además la elaboración de una instrucción dirigida a las oficinas consulares, y es en ese documento donde el Ejecutivo regional quiere que se fijen los criterios que defiende.

«Constatada esa ilegal alteración del censo electoral que ha promovido el Gobierno central a través de una instrucción a la llamada Ley de Nietos, la Comunidad de Madrid va a presentar alegaciones ante la Junta Electoral Central», ha anunciado la presidenta desde la tribuna de la Asamblea.

El Gobierno regional reclama que la determinación del municipio de inscripción de quienes adquieran la nacionalidad española se haga teniendo en cuenta «exclusivamente» los criterios que prevé el artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía. «Solo se podrán incorporar al censo como votantes desde el exterior en las elecciones a la Asamblea de Madrid aquellas personas cuya última residencia acreditada documentalmente sea un municipio de la región», ha precisado Ayuso.

La Comunidad rechaza así que se apliquen otros criterios, como los establecidos en el Acuerdo de la Junta Electoral Central en relación con la Ley de Nietos, que recurren a conceptos indeterminados como el de «mayor arraigo». A juicio del Ejecutivo madrileño, esa fórmula iría en contra del Estatuto de Autonomía.

Ayuso lleva trabajando en este asunto desde diciembre de 2025, cuando alertó a su equipo de las pretensiones de Pedro Sánchez de utilizar la Ley de Nietos para hacer ingeniería electoral y mover los censos en su beneficio ante la caída del respaldo al PSOE, según el Gobierno regional. La presidenta llevaba meses escuchando testimonios sobre cómo estaba ejecutando el Gobierno central la norma en embajadas y consulados.

Aquello derivó en la creación de un grupo de trabajo de élite integrado por juristas, expertos en procesos electorales y en voto exterior, exdiplomáticos y especialistas en análisis de datos. Su misión es vigilar, analizar y preparar medidas legales y políticas frente a la aplicación de la Ley de Nietos.

Entre las líneas que estudia este equipo figuran posibles acciones judiciales, la supervisión de los expedientes que se van tramitando y la creación de equipos de voluntarios en las zonas donde, según la Comunidad, el Gobierno está acelerando procesos e incrementando personal: Argentina, México, Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Reino Unido. El grupo también examina los contratos de externalización, como el realizado con Tragsatec para la gestión de expedientes de nacionalización.