ASALTO AL PODER JUDICIAL

Ayuso: «El Constitucional está siendo agredido por un Gobierno que se cree por encima de la ley»

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Paula Baena

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que el Poder Judicial haya pasado hoy «un día francamente complicado» en el que «los magistrados en el Tribunal Constitucional están siendo directamente agredidos por un gobierno que dice que aquí hay que elegir entre la democracia y la justicia».

Ayuso ha censurado que el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez diga que hay «jueces de primera, jueces de segunda y que luego está la democracia», después de que este lunes el máximo garante de la Carta Magna haya admitido por seis votos contra cinco las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP para frenar el asalto al Poder Judicial del socialista. De esta manera, el Senado no podrá votar el próximo jueves, 22 de diciembre, la insólita reforma del Código Penal que, vía enmiendas, modifica las leyes orgánicas del Poder Judicial y del propio Tribunal Constitucional asegurándose una mayoría de izquierdas en el órgano.

«Como en los peores momentos de la historia, que la democracia está incluso por encima de la ley. Por tanto, lo que decidamos en esta sala, entre unos cuantos que estamos aquí, se convierte en una ley. Y, sin embargo, las reglas del juego que nos hemos dado entre todos no sirven», ha manifestado Díaz Ayuso en la cena de Navidad de la sede de San Blas-Canillejas, en la capital.

El PP había solicitado al Constitucional que suspendiera de forma cautelarísima la votación del jueves. Sin embargo, el pleno extraordinario del Tribunal de Garantías convocado el pasado jueves decidió que debía resolver primero sobre las recusaciones de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.

La recusación de estos dos magistrados ha sido promovida por Podemos. En un escrito presentado esta misma mañana, los morados explican que según el artículo 80 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) «es causa de abstención y, en su caso, de recusación «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa». Y en este caso, señalan, «los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado y se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley que busca precisamente cumplir con la renovación de los órganos constitucionales».

González-Trevijano y Narváez son dos de los cuatro magistrados del Constitucional cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio. Ellos dos fueron los nombrados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los otros dos que continúan en funciones -el vicepresidente, Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares- fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El PSOE también ha enviado un escrito al Tribunal Constitucional por el cual pide al Pleno que rechace la medida cautelarísima solicitada por el PP –que ya ha sido aceptada y que va a evitar el asalto de Sánchez al Poder Judicial–al considerar que, de hacerlo, se provocaría «una perturbación en un interés constitucionalmente protegido», como la potestad legislativa.

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