Así retrata un consejero de Ayuso a la ministra Morant por instrumentalizar la universidad

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha terminado firmando el convenio impuesto por Pedro Sánchez para contratar a 1.091 profesores universitarios con las condiciones del Ministerio de Educación y por el cual se hipoteca a la Comunidad de Madrid por valor de 2.000 millones de euros durante 35 años. Así lo ha denunciado este jueves el consejero de Educación, Emilio Viciana, quien tras recordar que es funcionario de carreras tras años de estudio en la Universidad Complutense, ha calificado el acuerdo como una» imposición, una cacicada, un chantaje en el que Pedro Sánchez invita y las comunidades autónomas pagamos».

Además, Viciana también ha denunciado que el convenio «pretende acabar con la figura del profesor asociado». «El Gobierno de Pedro Sánchez quiere abolir los puentes entre la universidad y la empresa, quiere aislarla en la ideología y en la dependencia de los poderes públicos», ha dicho en presencia de la ministra de Educación.

Al mismo tiempo, el consejero ha criticado la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) por obligar a «cotizar a los estudiantes en las prácticas». «La gran mentira del convenio es que rejuvenece a las plantillas, porque es un convenio para pagar los costes de la LOSU», ha dicho.

De las 1.091 nuevas plazas de la región, el 60% de ellas (656) serán sufragadas por el Gobierno central durante los primeros seis años, con una inversión de 169 millones de euros, y el 40% restante (435) por la Comunidad de Madrid, que se hará cargo de todas estas contrataciones pasado ese sexenio y que está dispuesta a aportar 17,5 millones anuales para afrontar esta actuación ya desde el año 2025.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido en defensa de Emilio Viciana y a través de sus redes sociales ha dejado este mensaje: «El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid es funcionario de carrera. Nadie le puede enseñar a defender lo público más de lo que él lo ha hecho, dedicándole su vida personal y laboral. Él sí defiende la universidad pública. Sin ideología ni politiqueo».

El acuerdo se ha firmado en la tarde de este jueves en la sede del Ministerio con la ministra del ramo, Diana Morant, y el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, acompañados por los seis rectores de cada una de las universidades: Joaquín Goyache, de la Complutense; Ángel Arias, de la Carlos III; Amaya Medikoetxea, de la Autónoma; Javier Ramos, de la Rey Juan Carlos, José Vicente Saz, de la de Alcalá; y Guillermo Cisneros, de la Politécnica.

El acuerdo escenificado este jueves ha llegado tras varios días de tira y afloja entre ambas administraciones por las condiciones planteadas. La ministra Morant envió a principios de diciembre una carta a la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, en la que le recriminaba que fuera la única comunidad en no aceptar la ayuda económica estatal y criticó «la dramática situación» de las universidades públicas madrileñas.

Unas horas más tarde, fuentes de la Consejería de Educación anunciaron su intención de firmar el convenio, pero mostraron su voluntad de cambiar algunos detalles de la redacción del texto, ya que, según expresaron, «impone contratar a una única figura docente, la de profesor ayudante doctor, y no soluciona otros problemas de plantilla».

El Ministerio respondió que no iba a cambiar el texto original, por lo que la Comunidad dice haberse visto obligada a elegir entre «lo malo y lo peor».