Alcorcón gasta 3 millones en implantar una Zona de Bajas Emisiones con tantas exenciones que no afecta a nadie

El Ayuntamiento de Alcorcón destinará 3 millones de euros a implantar una Zona de Bajas Emisiones que, en la práctica, apenas restringirá el tráfico. La medida, aprobada este miércoles en pleno por el gobierno de PSOE y Ganar Alcorcón, sólo veta el acceso a vehículos sin distintivo medioambiental no residentes, pero cualquier conductor puede esquivar la prohibición alegando una visita a un familiar, una cita médica o un trámite de negocios.

La ordenanza salió adelante gracias al voto de calidad de la alcaldesa, Candelaria Testa, en un pleno marcado por el choque entre el gobierno local, el PP y Vox. La concejal de Transición Ecológica, Trinidad Castillo, defendió que la medida «solo afecta al 2,5% del parque circulante total» y que responde a estudios técnicos de movilidad, calidad del aire y ruido.

El Gobierno de Alcorcón ha subrayado que la implantación de la zona de bajas emisiones no supondrá restricciones de ningún tipo para los residentes de Alcorcón, que podrán seguir accediendo y estacionando en la ciudad con cualquier tipo de vehículo.

La oposición no se mostró convencida. El portavoz de Vox, Pedro Moreno, acusó al gobierno de impulsar una «ingeniería social» que castiga a trabajadores, autónomos y familias con vehículos antiguos, y exigió la retirada completa de la ordenanza.

El edil del PP Luis Saceda reconoció que la ley obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes a contar con una ZBE para mantener determinadas ayudas y fondos europeos, pero criticó el modelo por considerarlo «restrictivo» y perjudicial para el comercio. «Tanto en cuanto la ley sea modificada, nosotros, estando en el Gobierno, suprimiremos la zona de bajas emisiones», advirtió.

Saceda también reclamó más exenciones para residentes, trabajadores y autónomos, y acusó al gobierno de abrir la puerta a futuras medidas de estacionamiento regulado. Castillo lo negó y cerró el debate acusando al PP de «alarmar a los vecinos» con interpretaciones «falsas» de la ordenanza.

La ZBE afectará principalmente a vehículos sin distintivo ambiental no residentes y cubrirá prácticamente todo el casco urbano y barrios residenciales, aunque quedan fuera del perímetro los polígonos industriales y la zona comercial de Parque Oeste.

Sin embargo, aquellos vehículos no residentes y sin distintivo ambiental podrán entrar dentro del municipio si alegan una visita a un familiar o algún tipo de carga y descarga en un negocio.

La entrada en vigor está prevista para 2030, y el gobierno municipal ha anunciado que mantendrá líneas de ayudas para fomentar la transición energética, incluyendo subvenciones para instalaciones fotovoltaicas, calderas y vehículos eléctricos.

No es la primera vez que la ordenanza tropieza: a finales de 2025 el Ayuntamiento tuvo que anular sus propios acuerdos previos para corregir errores en la tramitación, tras la presión de Vox, que presentó 16 votos particulares denunciando que la norma era «nula de pleno derecho».