Alcalá de Henares exige a Sánchez el cierre del centro de inmigrantes: «No es racismo, es sentido común»

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se ha pronunciado este martes a favor del «cierre inmediato» del centro de inmigrantes que hay en la localidad, al aprobar por mayoría absoluta una moción impulsada por el Partido Popular y respaldada también por su socio de coalición, Vox. Más Madrid y el PSOE han votado en contra.

El número dos de la Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha acudido a la celebración del pleno para mostrar su apoyo a la alcaldesa, Judith Piquet. «No es racismo ni es odio, es sentido común», ha defendido la regidora de Alcalá.

El Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), instalado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en Alcalá de Henares, nació con carácter temporal, limitado y con un número controlado de personas acogidas. Sin embargo, la realidad ha demostrado que nada de eso se ha cumplido.

Lejos de responder a una medida puntual, el centro lleva más de un año y medio operativo, habiendo albergado en determinados momentos cifras próximas a las 2000 personas, muchas de ellas sin el debido acompañamiento social, jurídico o sanitario.

Según ha denunciado el PP del municipio, los vecinos de Alcalá están soportando un coste social creciente, derivado de un centro que ha sido «impuesto sin diálogo, sin información y sin transparencia». Los servicios municipales -educación, seguridad, atención primaria, limpieza, intervención social- se han visto tensionados sin que el Gobierno de España haya asumido su responsabilidad ni compensado los efectos negativos.

Por todo ello, el Gobierno de Alcalá ha solicitado  al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones un informe detallado sobre el número total de personas acogidas desde la apertura del centro, así como sobre los protocolos de seguridad, atención jurídica y coordinación institucional aplicados durante su funcionamiento.

El equipo del Gobierno (PP), también va a reclamar al Gobierno de España la compensación correspondiente por el sobrecoste social, económico y de seguridad que ha supuesto para Alcalá de Henares la presencia de este centro, con el fin de reforzar los servicios públicos locales afectados.

Otro de los motivos para pedir el cierre del centro es que hay varios informes de entidades independientes como el proyecto AIDA (Asylum Information Database) y observadores de derechos humanos que han advertido de que este tipo de instalaciones pueden estar incumpliendo directivas europeas como la Directiva 2013/33/UE, relativa a los requisitos de acogida, o el Reglamento 604/2013 (Dublín III), por no reunir unas condiciones de dignidad mínimas para los solicitantes de asilo.

«El Ayuntamiento de Alcalá de Henares no puede seguir siendo espectador pasivo de una situación que no eligió, que no controla y cuyos efectos sí padece. Por ello, y ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Gobierno de España, instamos a este Pleno a tomar una posición clara en defensa del interés general de la ciudad», aseguraba antes de la votación el PP.

Además de quedar aprobada la moción para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez la retirada del centro de atención a inmigrantes, también ha salido adelante la reprobación del delegado del Gobierno,  Francisco Martín, por sus declaraciones «inadmisibles, falsas y profundamente ofensivas», en las que afirmó públicamente que los alcalaínos cometen un 45% más delitos que los residentes migrantes del CAED.

El delegado ha lamentado que el motivo de la propuesta de reprobación en el Pleno de Alcalá de Henares sea fruto de haber expuesto «frente al espejo de su racismo, el racismo de las ultraderechas» a los partidos de derecha del Ayuntamiento.

«Un racismo que ha significado que de las 18 violaciones que había en Alcalá de Henares en el último año y medio solo se han interesado por aquella que fue cometida por una persona de piel negra», ha remarcado Martín , que ha insistido en que, desde la apertura del centro, los vecinos de Alcalá se han visto involucrados 45 veces más en incidentes delictivos que los residentes del CAED.

La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha cerrado el debate con una intervención contundente en defensa de la verdad, la dignidad de los vecinos y la obligación institucional de proteger la convivencia. «Ese centro no cumple condiciones mínimas de dignidad, está desbordado y es insostenible. La propia dirección nos reconoció que el centro doblaba su capacidad, que no hay atención médica suficiente, que los residentes duermen hacinados en carpas, y que tener varios macrocentros en la Comunidad de Madrid es una barbaridad,» ha asegurado la regidora.