Le Pen podrá ser candidata a las elecciones con brazalete electrónico tras ver rebajada su condena por malversación

La presidenta del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, ha sido condenada este martes a una pena de un año de arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de localización por el delito de malversación de fondos públicos. Así lo ha dictado el Tribunal de Apelación de París, que también le ha impuesto 45 meses de inhabilitación para ejercer cargo público, 30 de los cuales quedan en suspenso, por lo que podrá concurrir a las próximas elecciones presidenciales.

La justicia acusaba a la dirigente política de haber contratado, entre 2004 y 2016, a asistentes parlamentarios para los eurodiputados del partido, pagados con fondos del Parlamento Europeo, pero cuya actividad, supuestamente, redundaba exclusivamente en beneficio de la formación.

En el juicio de apelación se han sentado trece acusados: Marine Le Pen, otras once personas físicas y el partido Agrupación Nacional como persona jurídica. Se trata de aproximadamente la mitad de los veinticinco condenados en primera instancia, ya que solo ellos recurrieron la sentencia.

Origen del caso

El Tribunal de Apelación de París juzgó a Le Pen el pasado mes de enero, después de que en el juicio de primera instancia, celebrado entre septiembre y noviembre de 2024, fuera declarada culpable por el delito de malversación de fondos públicos por utilizar el dinero que el Parlamento Europeo destinaba a los asistentes parlamentarios de sus eurodiputados para pagar en realidad a empleados que trabajaban para el partido.

El Tribunal Correccional de París la condenó el 31 de marzo de 2025 a cuatro años de cárcel, de los cuales dos de ellos firmes, que podría cumplir con una pulsera electrónica, además de una multa de 100.000 euros y, sobre todo, una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años con aplicación inmediata.

En el proceso de apelación, la Fiscalía pidió que se mantuviera la declaración de culpabilidad para Le Pen, de 57 años, y los cinco años de inhabilitación, además de los cuatro años de prisión. En este caso, sin embargo, la petición fiscal contemplaba que tres de esos años quedaran exentos de cumplimiento, de forma que se reduciría a uno el periodo que tendría que llevar el brazalete electrónico, junto con los 100.000 euros de multa.