Italia investiga si Bélgica prevaricó en el ‘Qatargate’ al desvelarse las dudas sobre el testigo estrella

Italia ha puesto en jaque a la Justicia belga por el escándalo Qatargate, el que iba a ser el gran caso de corrupción de la Unión Europea: Milán investiga la confesión del ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, testigo estrella del caso, tras la denuncia de la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili, una de las principales acusadas. Kaili le ha denunciado por calumnias, y ha alegado que su testimonio contra ella está basado en falsedades. La Justicia de Milán tiene pruebas de que Bélgica habría tenido dudas sobre el testimonio de Panzeri.

El escándalo del Qatargate estalló en diciembre de 2022 y sacudió los cimientos del Parlamento Europeo, ha dado un nuevo giro que deja en evidencia a la Justicia belga. La Fiscalía de Milán ha abierto diligencias para investigar la confesión del ex eurodiputado Pier Antonio Panzeri, tras la denuncia presentada por la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, y su pareja, Francesco Giorgi.

La Justicia italiana ha tomado la iniciativa en un asunto que Bélgica ha gestionado entre irregularidades, filtraciones y procedimientos cuestionables. Según ha confirmado la defensa de Kaili, la ex eurodiputada griega presentó hace meses una denuncia por calumnias contra Panzeri, el supuesto arrepentido cuya declaración sirvió de base para construir el caso. Panzeri firmó un pacto con los fiscales belgas a cambio de una pena reducida, reconociendo su implicación y señalando a otros eurodiputados como cómplices, entre ellos la propia Kaili.

El testigo estrella bajo sospecha

La versión del ex socialista italiano ha empezado a desmoronarse. El interrogatorio celebrado este lunes ante el fiscal jefe de Milán busca esclarecer si Panzeri mintió deliberadamente en sus declaraciones, manipulando los hechos para obtener beneficios personales y desviar la atención sobre su propio papel en la trama. La acusación de Kaili es clara: el testimonio de Panzeri fue «falso, interesado y fabricado» para salvarse a sí mismo con la complicidad de los fiscales belgas.

Bruselas, bajo sospecha

La defensa de Panzeri, por su parte, ha intentado restar importancia a la investigación, asegurando que su cliente «ha dicho toda la verdad» y acusando a Kaili de intentar intimidarlo. Pero la realidad es que esta ofensiva judicial italiana pone en evidencia las grietas del procedimiento belga, cuestionado desde hace meses por su opacidad y por las condiciones bajo las cuales se obtuvieron las confesiones.

Eva Kaili pasó seis meses en prisión preventiva y arresto domiciliario. Kaili ha denunciado presiones psicológicas y un trato desproporcionado durante la instrucción del caso. Su pareja, Francesco Giorgi, también arrestado, ha afirmado que sus confesiones fueron arrancadas bajo coacción.

Mientras tanto, el procedimiento en Bélgica avanza con lentitud. Tres años después, la investigación sigue abierta, sin acusaciones formales y con crecientes dudas sobre la imparcialidad de los magistrados. Algunos juristas europeos ya advierten de un posible «fracaso judicial» que podría acabar beneficiando a los acusados por las irregularidades procesales.

Italia toma el mando

El movimiento de la Justicia italiana representa un giro inesperado: por primera vez, un tribunal nacional investiga al testigo clave del Qatargate, un caso que desde su origen ha estado marcado por intereses políticos y rivalidades institucionales entre Bruselas y algunos Estados miembros.

El Qatargate es un escándalo político de corrupción que aún sacude los cimientos de la Unión Europea. La investigación, iniciada en 2022, apunta a que funcionarios del Parlamento Europeo, lobistas y familiares habrían sido comprados por los gobiernos de Catar, Marruecos y Mauritania a cambio de favores políticos. Según los investigadores, el objetivo era mejorar la imagen internacional de estos países dentro de la UE, frenar resoluciones críticas con sus violaciones de derechos humanos y facilitar acuerdos como la exención de visado para los cataríes en Europa.

Las autoridades judiciales de Bélgica, Italia y Grecia incautaron 1,5 millones de euros en efectivo, además de ordenadores y teléfonos móviles, y presentaron cargos por corrupción, blanqueo de capitales y organización criminal contra varios altos cargos europeos. Entre los acusados figuran nombres de peso como Eva Kaili, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo; el ex eurodiputado italiano Antonio Panzeri; el asistente parlamentario Francesco Giorgi; y el sindicalista Luca Visentini.

A la lista se sumaron después los eurodiputados Niccolò Figà-Talamanca, Marc Tarabella y Andrea Cozzolino, todos ellos acusados de haber recibido sobornos o participado en la trama. En 2023, la eurodiputada belga Marie Arena también fue imputada, y en 2025 se incorporaron dos nuevos nombres: Elisabetta Gualmini y Alessandra Moretti, ambas eurodiputadas italianas.

El escándalo, considerado el mayor caso de corrupción en la historia del Parlamento Europeo, ha puesto en entredicho la credibilidad de la institución y la transparencia del sistema comunitario. Lo que comenzó como una operación policial en Bruselas se ha convertido en una red de intereses geopolíticos, sobornos y favores diplomáticos que amenaza con salpicar a más altos cargos del continente.

Milán, por tanto, se erige ahora como el epicentro de la verdad judicial en un escándalo que manchó la imagen de la Unión Europea. Bélgica, mientras tanto, queda en el punto de mira por su cuestionable papel en una investigación que cada día se tambalea más.