Yolanda Díaz pide una paga de 825 € al mes para los gays que digan que fueron perseguidos por Franco
Las personas LGTBI que aseguren que fueron perseguidas por leyes franquistas recibirán 11.550 euros anuales de por vida
Yolanda Díaz exige una paga para toda la vida a todas aquellas personas LGTBI que aseguren que fueron perseguidos por leyes franquistas. Concretamente, Sumar pide «reparar la memoria de las personas del colectivo» con una indemnización económica vitalicia de idéntica cuantía a la pensión mínima de la Seguridad Social que reciben las personas pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares, es decir, más de 800 euros mensuales.
Concretamente, la formación de Yolanda Díaz ha presentado una enmienda a la Proposición no de Ley sobre el reconocimiento y homenaje a las personas del colectivo LGTBI víctimas de represión durante la Guerra y la dictadura franquista, registrada por el PSOE. «Reparar la memoria de las personas del colectivo LGTBI+ que fueron castigadas por la aplicación de la Ley de vagos y maleantes de 1954 y posteriormente por la Ley de peligrosidad y protección social de 1970», reza el texto presentado por Sumar. Una enmienda que no contempla la dificultad de demostrar que estas personas hayan sido perseguidas por estas leyes, por lo que, a efectos prácticos, este reconocimiento tendrá que basarse únicamente en el testimonio de los miembros del colectivo LGTBI.
Sin embargo, este «reconocimiento» no se ciñe únicamente a una reparación moral. Yolanda Díaz propone «una indemnización económica vitalicia de idéntica cuantía a la pensión mínima de la Seguridad Social que reciben las personas pensionistas mayores de 65 años sin cargas familiares». Tras la última subida de las pensiones, esta cuantía asciende a 825 euros mensuales, por lo que, las personas que aseguren que fueron perseguidas por leyes franquistas recibirán 11.550 euros anuales para toda la vida. Además, tal y como se recoge en la propuesta de Sumar, esta indemnización mensual será compatible con otros ingresos percibidos por actividades laborales, mercantiles o derivados del patrimonio personal o societario.
El pasado 23 de octubre de 2024, la Comisión Constitucional aprobó la Proposición no de Ley sobre el reconocimiento y homenaje a las personas del colectivo LGTBI víctimas de represión durante la Guerra y la dictadura franquista, presentada por el PSOE, donde se inserta la enmienda de Yolanda Díaz para indemnizar a las personas que se digan perseguidas por leyes franquistas. En esta propuesta, los socialistas proponen rendir homenaje y reconocer a todas aquellas personas del colectivo LGTBI que fueron perseguidos durante la Guerra de Civil (1936-1939) y la dictadura franquista.
Además, el PSOE insta al Gobierno a impulsar, a través del Centro Documental de la Memoria Histórica, programas para la conservación de la documentación, el estudio y la investigación, así como promover la conservación e identificación de los espacios y lugares concernientes respecto a la memoria histórica y democrática del colectivo LGTBI.
Indemnizaciones
El Gobierno prepara un real decreto para simplificar los requisitos que contempla su propia Ley de Memoria Democrática para ser considerado «víctima del franquismo», lo que, entre otras cosas, permite el acceso a indemnizaciones. Concretamente, esta nueva normativa tiene como objetivo facilitar la tramitación de las solicitudes de todos aquellos ciudadanos que consideren que padecieron «persecución o violencia» durante la Guerra Civil y la posterior dictadura.
El documento que el ministerio de Ángel Víctor Torres ha sometido a consulta pública recoge que este proyecto de real decreto tiene como objetivo actualizar y regular el procedimiento de declaración de reparación y reconocimiento personal para quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. «La normativa propuesta busca ofrecer una regulación clara y actualizada que facilite la tramitación de estas solicitudes y garantice una mayor equidad y transparencia en el proceso. La aprobación de este real decreto pretende incrementar la seguridad jurídica, cubrir eventuales vacíos normativos, y precisar los procedimientos y conceptos necesarios para una aplicación uniforme de la ley», apunta el Gobierno.
De esta forma, el Gobierno busca mediante esta nueva normativa simplificar los requisitos necesarios para las personas que soliciten la Declaración de Reconocimiento y Reparación Personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa
La llamada Ley de Memoria Democrática -pactada por el Gobierno con Bildu- recoge el derecho de las víctimas a la «reparación económica». En concreto, la norma obliga al Gobierno a designar en un año una comisión técnica que ponga sobre la mesa las medidas de reparación de carácter económico para las víctimas de la guerra y la dictadura, en función de lo previsto en la ley estatal y las autonómicas, pronunciándose sobre el grado de cobertura alcanzado hasta ese momento y «los déficits que se puedan subsanar».
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