Pesca

La Xunta reclama a Sánchez un recurso contra la norma de la UE que afectará «a 4.400 pescadores»

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Barcos de pescadores en un puerto.

La decisión de la Unión Europea de prohibir fondear a los barcos en 87 zonas comprendidas entre Irlanda y el Golfo de Cádiz está obligando a los representantes políticos a movilizarse para defender a los pescadores.

La consejera del Mar de la Xunta de Galicia, Rosa Quintana, ha reclamado a Bruselas que aplace la decisión dos meses antes de que el nuevo reglamento entre en vigor, algo que ha tildado de «barbaridad».

«Retrasar dos meses la medida no provocaría daños irreversibles en los hábitats, pero sí los evitaría en la flota», ha advertido, en una comparecencia en el pleno del Parlamento a petición propia y por solicitud del BNG.

El veto, cuya aplicación comienza el próximo 9 de octubre, supone un «golpe mortal» al sector pues, según datos trasladados por la consejera a la Cámara, tendría un impacto por persona de unos 24.000 euros anuales, más de 347,5 millones de euros para la flota afectada y unos 816 millones para el conjunto de la economía gallega. 

Puede «llegar a afectar» a más de 4.400 pescadores, de acuerdo con sus cálculos, en torno al 40% del total de la comunidad y repercute de forma «directa» en la actividad de más de 200 barcos de capital gallego y a otros 900 de manera indirecta, «con su consecuente impacto en las ventas en lonja, en los salarios de los pescadores y en la prestación de bienes y servicios», entre otros aspectos.

Por eso, en una intervención que ha terminado emocionada, Quintana ha llamado a la unidad de los grupos para «frenar esta barbaridad» con «consecuencias incluso letales» para el sector.

«Mala fe»

El reglamento entrará en vigor en 11 días y la titular de Mar ha recordado cómo «se conoció» el día 15 «por sorpresa y sin anuncio previo», sin «mejora alguna» con respecto a lo planteado inicialmente, por lo que la Xunta considera su aprobación «un acto de mala fe».

Ahora, el Gobierno gallego apuesta por «buscar argumentos sólidos» junto al sector de los pescadores para armar un recurso que entiende que debe presentar el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, como actor privilegiado por ser país miembro. «Esa es la vía, la de la rigurosidad, la que debemos seguir», ha apostillado.

En cualquier caso, en su «defensa ante este atropello», ha anunciado que si el Gobierno no lo interpone finalmente -asegura estar estudiándolo-, lo hará la Xunta, «aunque tenga pocos visos de prosperar».

A mayores, ha apelado a que haya «una posible revisión antes de su entrada en vigor», que «podría dar lugar a una moratoria en su vigencia y abriría la puerta a una aportación de datos y revisión del fundamento», toda vez que en noviembre estará listo un nuevo informe sobre el estado de los recursos.

Así, ha apuntado a una ronda de contactos y ha esperado poder tener una reunión con el comisario y la directora general de pesca de la Unión Europea «porque su nula escucha no puede durar para siempre».

«Debe quedar claro que el sector pesquero no está en contra de que existan zonas protegidas, sino que lo que quiere es que se establezcan de forma dialogada, equilibrada y sostenida en la ciencia», ha argumentado.

«Papelón» de Garzón

La diputada popular en el parlamento gallego, Teresa Egerique, también ha puesto la lupa durante su intervención en los «datos escalofriantes» que dio Quintana y «que parecen no inquietar al comisario, que es del grupo de los Verdes, de sus socios de gobierno en Bruselas».

«Tengo una costilla muy dura para aguantar las acusaciones, pero dije muchísimas verdades», se ha defendido, en referencia a una intervención, el martes, en la que cargó contra el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Sobre Garzón se ha pronunciado también la titular de la Consejería, quien le ha atribuido un «papelón» en Galicia al dejar «en evidencia la importancia que da el Gobierno de España» al sector pesquero. «No es digno de venir a Galicia ese ministro», ha remachado.

Por otra parte, Rosa Quintana ha reivindicado la actuación de los populares europeos y ha cargado contra «la presión medioambiental» al entender que «está ganando la partida».

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