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La Policía entrega al juez el informe de los altercados de la manifestación antiturismo del 26J y pide imputar a los violentos

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Julio Bastida

La Policía Nacional quiere que la investigación judicial por los graves incidentes registrados tras la manifestación contra la saturación turística del pasado 26 de julio en Palma vaya más allá del único detenido que figura actualmente en la causa, tal y como adelantó hace varias semanas OKBALEARES en rigurosa exclusiva. Los investigadores han entregado al juzgado un amplio atestado con fotografías, vídeos y grabaciones aéreas que, según sostienen, permiten identificar a varias personas que habrían participado en los enfrentamientos con los agentes.

Según fuentes próximas a la investigación, se trataría de una decena de sospechosos. Algunos de ellos podrían ser imputados por la vía penal y otros, por la vía administrativa por la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyas sanciones económicas son muy elevadas.

La documentación policial reconstruye paso a paso lo ocurrido en los últimos momentos de una protesta que reunió a entre 20.000 y 25.000 personas en las calles de Palma, según información policial, y que transcurrió sin incidentes hasta su llegada a la zona de Ses Voltes.

En el procedimiento, instruido por el juzgado de Instrucción número 12 de Palma, únicamente consta hasta la fecha ahora un imputado. Se trata de un ciudadano de origen cubano detenido por los delitos de lesiones y atentado contra la autoridad, después de que presuntamente atacara a uno de los policías desplegados durante los disturbios. El arrestado se acogió a su derecho a no declarar ante el juez y quedó en libertad, aunque la investigación continúa abierta.

La Policía considera que existen elementos suficientes para ampliar la investigación. El atestado incorpora numerosas imágenes grabadas durante la protesta, además de vídeos obtenidos desde las unidades de drones, con los que los investigadores han reconstruido los movimientos de los manifestantes y la actuación policial.

Las grabaciones muestran, según la versión policial, diferentes agresiones y lanzamientos de objetos contra los agentes. En una de las escenas aparece una mujer utilizando el mástil de una bandera, de varios metros de longitud, para golpear a policías. En otra se observa a un individuo con el rostro cubierto lanzando una botella contra los efectivos.

También se han incorporado imágenes en las que se aprecia el lanzamiento de piedras, botellas, adoquines y otros objetos contundentes. La Policía sostiene que estos episodios justificaron la intervención de las unidades antidisturbios y reclama al magistrado que identifique y cite a las personas que aparecen en las grabaciones participando presuntamente en los ataques.

La manifestación, convocada contra el actual modelo turístico de Mallorca, había transcurrido con normalidad hasta alcanzar su tramo final en Ses Voltes. El dispositivo policial tenía establecido un límite de 1.500 personas dentro del recinto por motivos de seguridad.

Según el atestado, esta limitación había sido comunicada y acordada durante las reuniones previas mantenidas con los organizadores. El objetivo era evitar una concentración excesiva, garantizar los accesos y permitir una eventual evacuación en caso de emergencia.

Cuando se alcanzó el aforo máximo, los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) comenzaron a impedir la entrada de más personas. Fue entonces cuando aumentó la tensión entre parte de los manifestantes y los policías. El informe sitúa en ese momento el comienzo del enfrentamiento que posteriormente obligó a intervenir a las unidades policiales.

Las imágenes aéreas aportadas a la investigación muestran cómo, en determinados momentos, más de 3.000 personas llegaron a concentrarse alrededor de un reducido grupo de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

Ante la presión de la multitud, los efectivos iniciaron una retirada hacia otras zonas de la ciudad. La Policía sostiene que se trató de una maniobra ordenada y que los agentes abandonaron su posición cuando mantenerla suponía un riesgo para su integridad física.

Los investigadores sitúan los episodios más graves pocos minutos después, ya en las inmediaciones de Antoni Maura. Según el atestado, varios grupos de manifestantes se dirigieron hacia los policías y comenzaron a lanzar objetos contra ellos.

Entre los participantes identificados en las grabaciones aparecen personas con el rostro cubierto. La investigación atribuye a estos grupos el lanzamiento continuado de piedras, botellas de cristal, adoquines y otros objetos. Una de las imágenes que figura en el informe muestra a una mujer golpeando de forma reiterada a varios agentes con el mástil de una bandera antes de abandonar el lugar corriendo.

En otras grabaciones se observa a individuos encapuchados arrojando objetos contra la línea policial mientras otros manifestantes increpan a los agentes. La Policía también destaca que los lanzamientos se produjeron desde diferentes puntos, lo que habría complicado la actuación de los efectivos y aumentado el riesgo para los propios agentes y para las personas que permanecían en la zona.

Los disturbios del 26J en Palma terminaron con cinco policías heridos, según los datos recogidos en la investigación. La actuación policial también generó una fuerte polémica. 25 manifestantes resultaron heridos durante las cargas, entre ellos un fotoperiodista que se encontraba cubriendo la protesta.

Quince de los afectados necesitaron asistencia médica y dos sufrieron heridas en la cabeza que requirieron puntos de sutura. Uno de ellos recibió el alta al día siguiente, mientras que otro permaneció ingresado durante 48 horas por una hemorragia cerebral, según denunciaron las organizaciones que han asumido la coordinación de las acciones judiciales.

Los afectados han anunciado denuncias contra la actuación policial, con el respaldo de Alerta Solidària y Menys Turisme, Més Vida. La cifra de asistentes también ha sido objeto de controversia. Los organizadores y la plataforma Menys Turisme, Més Vida sitúan la participación en más de 70.000 personas, mientras que la Policía Nacional calcula que fueron alrededor de 25.000.

Con el nuevo informe sobre la mesa, la Policía pretende que el juzgado avance en la identificación de las personas que aparecen en las grabaciones y determine su posible responsabilidad en los ataques a los agentes. Por ahora, la causa judicial cuenta con un único investigado, pero el contenido del atestado abre la puerta a que el número de personas investigadas aumente en los próximos días.

La investigación deberá determinar ahora quiénes participaron directamente en los incidentes, cuál fue su actuación concreta y si existen elementos suficientes para atribuirles algún delito.

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