Ximo Puig reduce la renta mínima valenciana mientras el Gobierno del PSOE impulsa la nacional

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 19/05/2020 06:45
  • Actualizado: 19/05/2020 06:45

Mientras Pedro Sánchez y Pablo Iglesias alardean de impulsar la renta mínima nacional, Ximo Puig y Mónica Oltra debilitan la suya autonómica. La renta valenciana de inclusión es una prestación del sistema de servicios sociales de la Comunidad Valenciana, reconocida como derecho subjetivo y establecida en virtud de la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de renta valenciana de inclusión.

El objetivo de esta renta es garantizar que los ciudadanos de la región valenciana alcancen un nivel mínimo de ingresos. Esta renta autonómica tiene cuatro modalidades: renta complementaria de ingresos del trabajo; complementaria de ingresos por prestaciones; renta de garantía de ingresos mínimos; y renta de garantía de inclusión social.

La Ley 19/2017 se publicó el 22 de diciembre de 2017 y entró en vigor cuatro meses más tarde, es decir, el 22 de abril de 2018. No obstante, las previsiones sobre la renta complementaria de ingresos de prestaciones y del trabajo tenían prevista una vacatio legis de, respectivamente, 1 y 2 años desde su publicación hasta la entrada en vigor, de modo que su entrada en vigor se fijó para el 22 de abril de 2019 y el 22 de abril de 2020.

Pero lo cierto es que la parte correspondiente a la renta complementaria de ingresos del trabajo ha entrado en vigor limitada, precisamente, porque Ximo Puig ha decidido cambiar de urgencia su regulación aprovechando el coronavirus.

El 22 de abril de 2020 entró en vigor el Decreto-ley 4/2020, de 17 de abril, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la Covid-19. Y allí, resulta especialmente llamativa su disposición final cuarta, que establece una vacatio legis respecto a la renta valenciana de inclusión para recortar sus criterios de actualización con el IPC -que no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2021-.

La principal medida del Decreto-ley con respecto a la renta valenciana de inclusión consiste en reducir su importe.

En particular, la Ley 19/2017 en su redacción original (que nunca ha estado vigente totalmente) establecía como base para el cálculo de la renta valenciana de inclusión el salario mínimo interprofesional (SMI), en 12 mensualidades, vigente en cada momento.

Ahora, mediante la modificación del Decreto-ley, se recorta la base de cálculo, fijándola en el salario mínimo interprofesional (SMI) vigente en el año 2019 y no en cada momento, de modo que el SMI de 2019 queda fijado con vocación de perpetuidad como elemento de cálculo. Traducido: la base de cálculo pierde 50 euros por mensualidad.

De esta modo, se lleva a cabo una clara pérdida de poder adquisitivo de los perceptores de la renta valenciana de inclusión. A modo de ejemplo, un perceptor de la renta valenciana de inclusión puede llegar a perder un total de 835,20 euros durante un año. Y todo ello, mientras los partidos del Gobierno de Ximo Puig alardean de garantizar ese mismo fin desde una renta mínima nacional.