Vox pedirá a los tribunales «ilegalizar» al PdeCat, ERC y la CUP por participar en el ‘golpe’

Vox pedirá la «ilegalización» del PdeCat, ERC y la CUP por ser partidos políticos que han participado en «el golpe de Estado en Cataluña».

Según las fuentes del partido consultadas por OKDIARIO, la formación que encabeza Santiago Abascal realizará esta petición en los tribunales «en los próximos días» presentando una denuncia. Todavía no se ha decidido ante que juzgado o tribunal la presentarán .

La formación ha tomado esta decisión después de que la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, decretara este jueves prisión preventiva para Oriol Junqueras y los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundò y Dolors Bassa. La magistrada también enviaba a la cárcel bajo fianza de 50.000 euros a Santi Vila, que abonaba este viernes

Todos los exconsejeros encarcelados entre las prisiones madrileñas de Estremera (hombres) y Alcalá Mujeres (mujeres) están investigados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación por el proceso independentista organizado en connivencia con las entidades soberanistas de ANC y Ómnium Cultural desde noviembre de 2015.

Por su parte, el Tribunal Supremo tomará declaración este próximo jueves a la presidenta cesada del Parlamento catalán, Carme Forcadell y los 4 miembros de la Mesa, también investigados por rebelión, sedición y malversación.

Para el partido de Abascal, estas decisiones judiciales «argumentan» la petición de ilegalización de dichas formaciones por participar en el «golpe de estado» en Cataluña. Mientras tanto, en el horizonte ya se vislumbran las elecciones autonómicas catalanas del próximo 21 de diciembre, convocadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución.

De hecho, el exconsejero Santi Vila se ha perfilado en los últimos días como posible candidato a los comicios por el PdeCat o por otra formación que se pueda crear en las próximas fechas.

Cabe destacar que el PdeCat, ERC y la CUP han sido socios de Gobierno durante la presidencia de Carles Puigdemont y los tres votaron a favor de la Declaración Unilateral de Independencia, DUI, proclamada en el Parlamento catalán el pasado 27 de octubre.

Según el artículo 10 de la Ley de Partidos, la disolución judicial de un partido político será acordada por el órgano jurisdiccional competente «cuando incurra en supuestos tipificados como asociación ilícita en el Código Penal, cuando vulnere de forma continuada, reiterada y grave la exigencia de una estructura interna y un funcionamiento democráticos o  cuando de forma reiterada y grave su actividad vulnere los principios democráticos o persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático».

Precisamente, la Ley de Partidos se aplicó para ilegalizar a Batasuna. La Audiencia Nacional lo decretó en el año 2002 y el Tribunal Constitucional lo confirmó dos años más tarde.

La querella asumida por la Audiencia

Hace 3 semanas, la Sala Civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, admitía a trámite la querella presentada por Vox contra miembros del Gobierno de la Generalitat y miembros del Parlamento catalán como Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Santi Vila o Raúl Romeva por presuntos delitos de rebelión, sedición, desobediencia, prevaricación continuada y malversación de fondos públicos.

La resolución del TSJC destacaba que “las diligencias de investigación que se interesan en la querellas así como las medidas cautelares que se solicitan y si fueren procedentes, deberán llevarse a cabo y acordarse en el seno de los citados procedimientos”.

Vox denunciaba en su escrito el “anunció de referéndum secesionista, los Presupuestos destinados para el 1-O, la Ley de Transitoriedad Jurídica, la compra de urnas, la convocatoria con fecha y pregunta, la firma de la Ley o la modificación del Reglamento del Parlamento”.

Esta causa iniciada por Vox ante el TSJC era asumida esta semana por la titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, tras admitir a trámite la querella de la Fiscalía General del Estado por rebelión, sedición y malversación contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y su Govern.

La magistrada Lamela ya instruía en la Audiencia el caso de sedición contra los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, actualmente en la prisión madrileña de Soto del Real, y contra el exmayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero y la intendente del Cuerpo, Teresa Laplana.