Uno de los motivos de Iglesias para pedir cárcel para un manifestante ante su casoplón: «Me llamaba garrapata»

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha interpuesto una querella contra Miguel Frontera, el ciudadano que se manifestaba ante su casoplón de Galapagar. OKDIARIO ha tenido acceso al contenido de la misma donde Iglesias, además de acusar a Frontera de seis delitos, se queja de que le llaman “garrapata” y a su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero, “analfabeta”. Frontera tendrá que declarar por videoconferencia ante el juez el próximo 28 de diciembre, Día de los Inocentes.

En concreto, Iglesias acusa a Frontera de estos seis delitos: acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y, por último, otro delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La querella arranca así: “Miguel Frontera se persona a diario en el domicilio particular de nuestro representado, sito en la Urbanización de La Navata de Galapagar, hostigando y profiriendo improperios como llamarle ‘garrapata’ o términos de índole similar”. Las acciones legales contra este ciudadano se fundamentan, básicamente, en las afirmaciones que ha vertido en la red social Twitter. “Otro día más en casa de la garrapata de Galapagar”, publicó el pasado mes de junio el denunciado.

Los abogados de Iglesias dicen que las actuaciones del ciudadano alteran el orden público y las califican de «gamberrismo». También alegan que no se trata de protestas políticas sino de una “animadversión personal” y “odio” hacia Iglesias y su pareja, Irene Montero. En la querella también se acusa a Frontera de saltarse el perímetro que las fuerzas de seguridad han instalado alrededor del casoplón de Iglesias.

Iglesias y Montero fundamentan la querella aportando vídeos de Miguel Frontera frente a su casoplón. Algunos grabados por ellos mismos y otros recogidos de las redes sociales. En uno de ellos, por ejemplo, se ve cómo Frontera tiene en sus manos la bandera Carlista con la Cruz de Borgoña usada en la Guerra Civil española y pone “a un volumen muy elevado” el himno de España, relata la querella.

En otras de las grabaciones aportadas por los abogados de Iglesias se observa a Frontera manipulando un equipo de sonido mientras lleva un cartel en el que dice: “Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas”. Según la querella, en ese vídeo se observa al ciudadano gritando “¡arriba España!” y jactándose de huir de la Guardia Civil.

En la querella se solicita que se notifique a la comandancia de la Guardia Civil en San Lorenzo de El Escorial para que presenten un vídeo que incautaron en el teléfono de Frontera en el que, según la defensa de Iglesias, se observa a este ciudadano“grabar la casa del vicepresidente del Gobierno por encima del muro de la vivienda”.

Fue archivada

Como publicó OKDIARIO, inicialmente esta querella fue archivada, pero tres meses después se ha vuelto a reabrir. Miguel Frontera es un vecino de la Comunidad de Madrid que desde hace meses se manifiesta a diario acompañado de decenas de ciudadanos frente al casoplón de Iglesias en Galapagar.

Sin embargo, Frontera no es el único que ha sido denunciado por Iglesias y Montero por protestar frente a su ‘chaletazo’. Los líderes de Podemos denunciaron a las vecinas Claudina y Ascensión, que tuvieron que enfrentarse a un juicio rápido por caminar cerca del famoso chalet.

Finalmente, la juez a la que le recayó este asunto decidió archivar la causa. Irene Montero también se querelló contra Cristina Gómez, concejal de Vox en Galapagar, por asistir a las caceroladas por supuestos delitos de acoso y coacciones. El caso se archivó.

Denuncias de vecinos

Desde el pasado mes de agosto, como consecuencia de la enorme presencia policial que hay en los alrededores del casoplón, algunos vecinos de La Navata han denunciado a Iglesias y Montero por un presunto delito cometido por un funcionario público contra el ejercicio de los derechos fundamentales, coacciones y denuncia falsa.

Según el artículo 542 del Código Penal: «Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes».

También incluyen el delito de coacción, que aparece regulado en el artículo 172 del Código Penal, y se define como un delito contra la libertad, consistente en el uso de la violencia para impedir a otra persona hacer algo que la ley no prohíbe, o bien le obliga a hacer algo que esta persona no quiere, sea justo o no. Este delito se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años, o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción y los medios empleados.