Se Acabó la Fiesta

El Tribunal Supremo abre un tercera causa contra el ‘faker’ a sueldo Alvise Pérez

El alto tribunal investiga los supuestos mensajes publicados en el canal de Telegram del eurodiputado contra la fiscal de delitos de odio de Valencia

Alvise Pérez; Supremo
Alvise Pérez, 'faker' a sueldo.

El Tribunal Supremo ha abierto una tercera causa contra el faker a sueldo Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) por los mensajes que difundió en su cuenta de Telegram contra Susana Gisbert, la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia. El Tribunal entiende que el eurodiputado pudo haber actuado con «intención voluntaria y consciente de comprometer» la vida de la representante del Ministerio Público.

La Sala de lo Penal ha designado al magistrado Juan Ramón Berdugo como instructor de la investigación. Ésta es la tercera causa que el alto tribunal abre contra Alvise Pérez después de que el pasado abril se iniciara la investigación por la presunta financiación ilegal de su partido y por haber difundido presuntamente una PCR falsa de Salvador Illa, presidente de la Generalitat catalana.

Alvise está bajo la lupa del Supremo a causa de dos mensajes difundidos a través de su canal de Telegram. En uno de ellos se hace referencia al organigrama de «las personas responsables de la persecución ideológica llamada ‘delitos de odio’». Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN», manifestaba uno de los mensajes.

La publicación instaba a buscar las identidades de dichos fiscales y añadía la imagen de Gisbert, a quien señalaba como la responsable de «haber exigido 3 años de prisión y 3.600 euros de multa a quien tuitee la palabra ‘inmigración’ e ‘invasión’ juntas».

El Tribunal Supremo ha adoptado esta decisión tras recibir la exposición razonada que le envió el Juzgado de Instrucción Número 5 de Valencia. El alto tribunal es el competente para investigar al faker Alvise Pérez, ya que goza de aforamiento por su condición de eurodiputado. Así, el Supremo continuará con las diligencias abiertas por el juzgado valenciano tras la denuncia presentada por Gisbert por presunto delito de injurias a funcionario público, coacciones y/u odio a través de redes sociales.

Gisbert aportaba en su denuncia los mensajes que se habían divulgado en su contra en 2024 en un chat de Telegram y que habían provocado que personas desconocidas le remitieran múltiples mensajes amenazantes o insultantes a través de las redes sociales en las que la denunciante está registrada. Los magistrados han abierto la investigación al considerar que la actuación del faker Alvise Pérez podría encajarse en el delito de acoso toda vez que alteró la vida de la fiscal de Valencia y su familia.

«Su llamada a que un grupo cercano a los 40.000 seguidores expresara y desarrollara una animadversión hacia la denunciante, y el hecho de que el denunciado insistiera en esa reacción después de que muchos seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de la fiscal denunciante y su familia, (…) muestra indiciariamente que pudo existir intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima», apunta el tribunal en su auto de 11 folios.

Asimismo, el Supremo tiene en consideración que Alvise permitió «que se difundieran los perfiles que la denunciante tenía en X, Facebook e Instagram», donde estaba recibiendo «insultos y amenazas». Los magistrados explican que aunque no se refleja que el eurodiputado «cursara directamente coacciones, amenazas o injurias» contra Gisbert, «ello no excluye una eventual responsabilidad criminal por los hechos que son objeto de investigación.

Según recoge el auto, los funcionarios policiales que iniciaron la investigación no pudieron identificar a quienes realizaron comentarios en el canal de Telegram Alvise Pérez Chat, pero sí pudieron identificar al administrador del canal: el propio eurodiputado.

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