Las taquígrafas del Congreso se plantan: no asumirán «errores de transcripción» por el euskera
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El uso de las lenguas cooficiales del Estado en el Congreso, posible desde este jueves, «será un problema» para las taquígrafas que desempeñan su labor en el Parlamento. Así lo admiten ellas mismas. A las 48 horas de finalizar la sesión del pasado martes, la primera en la que se permitió el uso del catalán, el euskera y el gallego en el Congreso, las actas de esa jornada siguen sin publicarse, cuando lo habitual es que estén disponibles a las pocas horas.
Y es que las taquígrafas del Congreso -en la actualidad son todas mujeres- se niegan a asumir los posibles «errores de transcripción» que el uso principalmente del euskera puede provocar en el Congreso.
Las taquígrafas son las personas responsables de tomar nota de todo lo que ocurre durante la actividad parlamentaria. Tanto de los discursos propiamente pronunciados desde la tribuna de oradores como de los gritos, insultos o reproches espontáneos que se puedan suceder desde los escaños.
La falta de dominio de esas lenguas, pues, «nos dificulta nuestra labor», comenta en una conversación informal con OKDIARIO una de esas taquígrafas, a las que les han prohibido expresamente hablar de la cuestión. Es un silencio impuesto para que no afloren críticas a las prisas con las que se ha hecho todo.
Temen que, en las sesiones del Congreso, las diferentes interpretaciones entre lo que pronuncie el diputado y transmita el traductor «puede derivar en inexactitudes» y en consiguientes errores de transcripción. Lo que, a su juicio, acabaría con el uso legal e histórico de los Diarios de Sesiones, pues la recopilación de discursos e intervenciones «raramente reflejará» lo que realmente ha ocurrido en el hemiciclo.
En el acceso a las transcripciones que tienen a su disposición los diputados y los asesores ya se refleja una «cláusula de exención de responsabilidad en caso de interpretación». Y se advierte de que «la interpretación no constituye en ningún caso una grabación autentificada de los debates».
Transcripciones de las taquígrafas
En la página web del Congreso de los Diputados, al cierre de esta edición únicamente estaba disponible la transcripción del pleno del pasado 17 de agosto. Corresponde a la sesión constitutiva. El rechazo de las taquígrafas a asumir los posibles errores derivados del uso de las lenguas cooficiales en el primer pleno ordinario, el del pasado martes, ha hecho que todavía no esté disponible el texto de lo que ocurrió en el hemiciclo este martes. Lo habitual es que dicha transcripción esté disponible en el Diario de Sesiones a las pocas horas de finalizar el pleno.
Reproches
Uno de los principales temores, explican algunos funcionarios de la Cámara -de los pocos que se atreven a hablar- es que «los diputados puedan acusar de inexactitud» a las traducciones de sus discursos. La Mesa, una vez aprobada la reforma del reglamento este jueves, pretende paliar esa carencia contratando a una empresa externa para las traducciones definitivas. Pero esto es algo que aún tardará en llegar y que cargará a las taquígrafas la responsabilidad de todo lo que se refleje en el Diario de Sesiones. Los mismos funcionarios sí admiten que el retraso sufrido esta semana por la negativa a asumir esos posibles errores, y a cómo se debe encarar esta nueva situación, se repetirá a futuro por la dificultad de las labores a realizar.
Errores de transcripción
Las consecuencias de los errores en la transcripción de las palabras de los diputados son múltiples. Una ley con errores de estas características puede conllevar serios problemas para la Administración. Más aún si se trata de normativas sobre graves ilícitos, caso de un delito fiscal, ya que podría la ley podría ser recurrible por ese error de interpretación.
Es lo mismo que ya ocurre en la actualidad con las versiones en inglés y en español de directivas europeas. «Simples matices jurídicos muy sensibles», señalan, «han provocado muchos problemas». Por eso, las taquígrafas del Congreso advierten de que «hay que tener muy claro qué texto va a ser el válido y que lo que se aplique tenga todas las garantías jurídicas».
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