El Supremo obliga a Marlaska a revelar el plus ‘a dedo’ que reparte a los directores de las prisiones

El Tribunal Supremo obliga al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a revelar el plus a dedo que reparte entre los directores de las prisiones, mandos intermedios y un grupo minoritario del personal penitenciario. Se trata del plus de productividad, que el Ministerio les abona cada mes de diciembre y es discrecional, al criterio personal de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y de los directores.

La Secretaría General lo otorga a los directores, subdirectores y jefes de servicio, mientras que los directores de las prisiones a su vez deciden a quiénes lo dan de su plantilla, en base a que no hayan faltado más de 10 jornadas al año, si bien no se otorga a todo el personal que cumple este requisito.

Por ello, los funcionarios de prisiones recelan del criterio que se está utilizando y del oscurantismo en divulgar cómo se reparte el dinero público. «Creemos que la política penitenciaria que están siguiendo los directores de las prisiones de potenciar los terceros grados, libertades condicionales y reducir las propuestas de clasificación de internos en primer grado queda gratificada a través de esta remuneración que la Secretaría General mantiene hasta la fecha en un absoluto oscurantismo», declaran a OKDIARIO desde el sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM), que ha ganado esta sentencia.

A partir de ahora, el Ministerio tendrá que rendir cuentas detallando a quiénes se abona este complemento –denominado coloquialmente como «bufanda»– y las cuantías. Una información que ha venido ocultando, hasta el punto de llegar a demandar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en los tribunales por instarle a que informara.

Según los datos que manejan los funcionarios de prisiones, los pocos agraciados con este plus entre el personal penitenciario «reciben unos 250 euros al año, mientras que los directivos se embolsan sobre 1.200 euros».

La batalla librada

El caso se remonta a diciembre de 2021, cuando el sindicato Tu abandono me puede matar, a través de uno de sus representantes, solicitó al Ministerio el listado del personal directivo y predirectivo de Instituciones Penitenciarias que había sido premiado con este plus en la nómina de diciembre de aquel año y con qué cantidad, así como un informe de cada prisión con los nombres de los beneficiados, el área o servicio en el que trabajan y la cuantía de cada uno.

El Ministerio respondió en enero ofreciendo datos generales, que no convencieron al sindicato, que decidió poner pie en pared y reclamarlos a través del Consejo de Transparencia, que estimó su petición e instó al Ministerio a que, en un plazo máximo de 20 días hábiles, remitiera al reclamante dicha información, con copia al organismo.

Interior se alzó entonces ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 11, desplegando a la Abogacía del Estado, pero su recurso fue desestimado.

Después, recurrió el fallo en apelación ante la Audiencia Nacional, que sí le dio la razón, pero ahora se ha llevado un varapalo del Supremo, que ha estimado sendos recursos de casación del funcionario de prisiones y del organismo independiente cuya función es tutelar el derecho de acceso a la información pública y controlar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en la Administración.

El Ministerio de Marlaska alegaba que las limitaciones impuestas en materia de protección de datos personales «impiden ofrecer información que identifique con exactitud las cuantías retributivas de cada empleado público», y que ese impedimento «también afecta a los puestos específicos de trabajo, ya que sería una vía indirecta para soslayar, en manifiesto fraude de ley, tal obligación».

Sin embargo, el Supremo destaca que «el principio de transparencia retributiva en el empleo público constituye una manifestación del principio democrático de rendición de cuentas», ya que «permite a la ciudadanía y a los representantes de los empleados públicos el control democrático del gasto público, verificando que los recursos destinados a las retribuciones del personal se asignan con arreglo a la legalidad, bajo el principio de igualdad y respetando criterios objetivos de mérito y capacidad, así como que se gestionan con la eficiencia que demanda una buena administración».

Un principio que «sirve al control ciudadano sobre el gasto público y favorece la confianza ciudadana en las instituciones». Y sentencia que «los representantes sindicales tienen derecho a acceder a la información pública relativa a las cantidades que perciba cada funcionario en concepto de complemento de productividad».

«No tiene justificación alguna que la administración, en pleno siglo XXI, se dedique a cercenar derechos que ya estaban reconocidos en la antigua Ley de Función Pública amparándose en una interpretación retorcida de la Ley de Protección de Datos», declara a OKDIARIO Javier Bravo, representante del sindicato Tu Abandono me puede matar.

Y critica que «es lamentable que la administración haya estado gastando recursos públicos durante cinco años con tal de ocultar la gestión que se hace del dinero público, una práctica que, lamentablemente, es habitual en la actual cúpula directiva de Instituciones Penitenciarias».

La resolución es la número 769/2026, de 18 de junio. La firman los magistrados José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat (presidente), Eduardo Calvo Rojas, Diego Córdoba Castroverde, José Luis Gil Ibáñez (ponente), Berta María Santillán Pedrosa, Juan Pedro Quintana Carretero y Margarita Beladiez Rojo.

«Esta sentencia aporta transparencia a cómo se destina el dinero público frente al ingente esfuerzo por parte del Ministerio en ocultar los datos. A partir de ahora, el Portal de Transparencia deberá aportar la información», concluye Bravo.

Quiere más presos en la calle

Como recientemente ha informado este diario, Marlaska ha puesto en sólo año y medio a 1.470 reclusos en semilibertad en contra del criterio de los técnicos de las prisiones.

«El ministro quiere que cada vez haya más presos en la calle. Una decisión politizada, al igual que el hecho de beneficiar a los presos más peligrosos pasándolos de primer grado a segundo», declaran a OKDIARIO desde el sindicato TAMPM.

Marlaska ha reducido bajo su mandato nada menos que un 60% el número de presos en primer grado, el régimen que se aplica a los más conflictivos. De los 1.011 internos en primer grado que había en 2017, se pasó a 990 en 2018 y ha ido bajando progresivamente hasta 2025, cuando apenas había 400.

Según los últimos datos oficiales, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias desestima una de cada tres propuestas de primer grado. Una decisión que toma un técnico de la Secretaría que nunca ha visto al interno.

Desde el nombramiento de Marlaska como ministro, la reducción de los clasificados en primer grado –régimen cerrado– es uno de los objetivos de su Ministerio e Instituciones Penitenciarias, dirigida por Ángel Luis Ortiz.

Los funcionarios de prisiones denuncian que «esta política buenista ha disparado la espiral de violencia en las prisiones», con hasta 527 agresiones a los funcionarios en 2025, lo que supone más del doble que en 2018, y con incrementos máximos históricos sostenidos desde 2022.

El mandato de Marlaska deja un diagnóstico claro para el sindicato TAMPM: «Un sistema más flexible, pero menos seguro». Y destaca que esto no sólo lo sufren los funcionarios, sino también los internos que cumplen las normas y «lo acabará sufriendo la sociedad».

«Las propias estadísticas oficiales corroboran el fracaso de la actual política penitenciaria, al arrojar una clara correlación entre la reducción de primeros grados, la laxitud en la aplicación del régimen sancionador y el incremento de agresiones a los funcionarios.», denuncia TAMPM.