Los socios del Gobierno exigen que todo inmigrante con antecedentes policiales sea regularizado por «presunción de inocencia»

Los socios parlamentarios y de Gobierno de Pedro Sánchez presionan al Ejecutivo socialista para que todos los inmigrantes con antecedentes policiales se beneficien de la regularización masiva y que no se tengan en cuenta las detenciones u otros incidentes que no hayan desembocado en un proceso judicial. Las formaciones apelan a su «presunción de inocencia».  Con ello, pretenden reducir los obstáculos para agilizar el procedimiento entre las personas en situación administrativa irregular.

Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG han presentado una proposición no de ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para la «adopción de medidas para garantizar la efectividad» del reglamento que establece la regularización.

Según estos partidos de extrema izquierda, el procedimiento «podría beneficiar a más de 800.000 personas», pero debido a su «plazo limitado», de «tan sólo 75 días naturales» podría verse afectado el número de inmigrantes que se acojan a esta regularización.

Los socios de Sánchez lamentan que nacionales de países como «Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia», cuyos gobiernos no firmaron el Convenio de la Apostilla de La Haya que permitiría acelerar la entrega de los documentos que se exigen a los inmigrantes en situación irregular: certificados de antecedentes penales, certificados de nacimiento o poderes notariales.

En definitiva, a ojos de estos movimientos políticos, «la brevedad del plazo» y las «dificultades materiales» de este procedimiento pueden provocar que «muchas personas» sean «excluidas por motivos meramente burocráticos o ajenos a su voluntad, ante la dificultad de obtener la documentación en ese periodo de vigencia».

Ante ello, se proponen «medidas inmediatas de refuerzo, información, coordinación y facilitación documental» para asegurar que los ilegales puedan acceder a la regularización, según reza la exposición de motivos de la PNL de esos cinco partidos.

Respeto a la presunción de inocencia

Para acelerar ese proceso, las formaciones de extrema izquierda piden «garantizar el pleno respeto al principio de presunción de inocencia en la valoración de los antecedentes policiales» cuando lo revise la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de España (UTEX).

Así, según Sumar, ERC, Bildu, Podemos y el BNG exigen «evitar que la mera existencia de anotaciones o antecedentes policiales no judicializados» pueda generar «efectos desfavorables para las personas interesadas». Es decir, que los antecedentes policiales no impidan que los inmigrantes irregulares puedan regularizarse.

Se trataría de un paso más en la normativa que rige para la regularización de irregulares. Hasta ahora, la norma permitía regularizarse a los que tuvieran antecedentes policiales, pero cabía la posibilidad de que la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería de España valorara ese historial presuntamente delictivo de forma que finalmente se le denegase.

Sin embargo, la propuesta de los partidos a la izquierda del PSOE es que ya no exista esa dicotomía. Es decir, que siempre se regularice aunque existan antecedentes policiales en el expediente del potencial beneficiario, amparándose en su «presunción de inocencia».

Más tiempo para la regularización

A su vez, exige al Gobierno que dé «instrucciones a las oficinas consulares españolas en terceros países para que faciliten los trámites de legalización de documentación para el proceso de regularización extraordinaria».

Por otro lado, los socios de Sánchez piden más «medios personales, técnicos y materiales» para «poder dar respuesta efectiva a la alta demanda de citas para la toma de huellas, estableciendo un sistema de asignación automática o preferente de cita».

Además, estas formaciones proponen «agilizar los procedimientos para la apostilla de los certificados penales emitidos por consulares y servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores requeridos para el proceso de regularización».

Por último, se propone «prorrogar el plazo de presentación de solicitudes previsto». La propuesta de los partidos de extrema izquierda es que se amplíe «durante el tiempo necesario para garantizar que todas las personas que cumplan los requisitos exigidos por la norma puedan acceder efectivamente al procedimiento de regularización extraordinaria». En otras palabras, dar los días que hagan falta hasta que se consuma la regularización.

Regularización masiva de inmigrantes

La medida beneficia a las personas que estén residiendo en España antes del 31 de diciembre de 2025. Estos tendrán que demostrar al menos cinco meses de estancia en España, algo para lo que simplemente será necesario aportar documentos como el padrón, informes de citas médicas, certificados de asistencia a recursos sociales u otros como un contrato de alquiler, justificantes de envíos de dinero o billetes de transporte.

El procedimiento permite que los inmigrantes ilegales tengan derechos desde el mismo momento de la presentación de la solicitud, pues ya entonces quedarán suspendidos los procedimientos de retorno o las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que pesaran sobre la persona. Cuando se admita a trámite, se concederá una autorización de residencia provisional que permite trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.

Si la resolución es favorable, se concederá una autorización de residencia por periodo de un año, al término de la cual podrá solicitarse una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.