Marlaska tiene al 50% de los 75.000 policías en las oficinas mientras la violencia callejera alcanza cifras récord

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene a casi el 50% de los 75.000 policías nacionales en tareas administrativas, pese al incremento de la violencia callejera, con 2.600 reyertas al mes de media. Tanto Marlaska como el director de la Policía, Francisco Pardo, sacan pecho diciendo que hay más policías que nunca, pero se les olvida decir que «casi la mitad de ellos no están en la calle haciendo funciones operativas».

A ello se suma, además, que en el cómputo general hay «miles de agentes en segunda actividad».

Según informan a OKDIARIO fuentes policiales, «casi la mitad de los agentes realizan labores de apoyo y de gestión, en vez de realizar tareas de seguridad, patrullaje e investigación, que es para lo que han sido formados». Además, destacan que algunas de las tareas administrativas y de apoyo «podrían hacerlas otros funcionarios civiles y no necesariamente policías».

«Nunca hemos tenido mejor presencia en nuestras calles», sostienen.

El ministro no sólo asegura que hay «más policías que nunca para patrullar las calles y combatir el delito donde se necesita», también afirma que España es «uno de los países más seguros del mundo y un referente mundial en políticas de seguridad públicas, con una de las tasas de criminalidad más bajas de nuestro entorno».

Lo cierto es que desde que gobierna Pedro Sánchez, la violencia callejera se ha disparado nada menos que un 72%. El año pasado se registraron en nuestro país hasta 31.481 infracciones penales de esta naturaleza, una cifra de delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias que supera los registros de la última década y supone 2.115 reyertas más que en 2024.

Además, según arroja el último balance anual, en Madrid creció un 12,22% la cifra de delitos asociados a la violencia callejera, como son las riñas tumultuarias y desórdenes públicos, lo que también supone un máximo histórico en la última década y supera en hasta cinco puntos porcentuales los malos resultados de la media nacional.

Y en estos delitos se están utilizando armas blancas de gran tamaño y, en consecuencia, de gran poder lesivo. Los propios agentes ven necesario «reforzar la prevención de la Seguridad Ciudadana aumentando el número de patrullas en todo el territorio nacional».

Y subrayan que aunque hay 75.000 policías, la población ha aumentado, «distanciándose la cifra de policías por ratio de habitantes –radiopatrullas– con la consecuencia de que la delincuencia se va adueñando poco a poco de las calles».

Y para detener a un delincuente con un arma blanca se necesitan entre cuatro y seis agentes dotados con todo el equipamiento policial. Policías consultados sostienen que «la Seguridad Ciudadana está cada vez más debilitada» y faltan «al menos 6.000 agentes en radiopatrulla en todo el territorio nacional».

A esta realidad criminal se suma que la Policía advirtió al Ejecutivo de que la regularización masiva provocaría un coladero de delincuentes, pero hizo caso omiso y la llevó adelante.

¿Y cuanto va a costar a la Policía la regularización? No menos de un año de trabajo para proveer de las tarjetas de identidad a un millón de personas. Cada tarjeta requiere, si todo va bien, de 15 minutos de trabajo a los policías.

Por tanto, serían cuatro en una hora. Y en condiciones ideales 32 tarjetas en su jornada de ocho horas, siempre y cuando no haya problemas informáticos. Esto significa que es necesario que emplear 31.250 jornadas de un policía para hacer un millón de tarjetas. Jornadas que hay que detraer del trabajo de un agente formado para patrullar, prevenir e investigar.

Fracaso de gestión

Tanto mandos como representantes de sindicatos policiales consideran que la solución a esta problemática de la violencia callejera, que transcurre pareja a la del aumento de agresiones a policías, pasa por reforzar el principio de autoridad; la integridad de los agentes; y la seguridad del despliegue de prevención de la delincuencia, dotando a los efectivos de más medios de protección, coches para patrullar, y reconociéndoles la profesión de riesgo. 

Las fuentes policiales consultadas sostienen que los datos de violencia callejera y de agresiones a los agentes, con hasta 121.000 delitos de atentado contra policías y guardias civiles durante el Gobierno de Sánchez, evidencian «un fracaso de gestión».

Además, pese al mantra de Marlaska y el director de la Policía de que actualmente hay un récord de plantilla, las fuentes policiales consultadas subrayan que «está mal distribuida».

Y ello en cuanto a «tareas, turnos de trabajo, las vacaciones que se conceden y por haber creado un potentísimo equipo de funcionarios de tareas burocráticas y no de algo más: funcionarios públicos dedicados a dar seguridad a los demás poniendo en riesgo su propia vida».

Esta situación se produce en la Policía «porque hay una escasez brutal de funcionarios de cuerpos generales, ya que Interior es el Ministerio que peor les paga, por lo que se está utilizando a agentes en secretarías para tareas administrativas, y ello detrae a los policías de la calle, que es donde tienen que estar».

«Con lo cual, da igual que haya muchos policías, porque si los empleamos en tareas para las que se podrían utilizar a otros colectivos, es como si se pone a 500 periodistas a llevar autobuses de la EMT, que no estarían haciendo su labor de Periodismo», apunta uno de los agentes.

Los comisarios también opinan que los agentes deben estar haciendo funciones policiales, no labores de secretaría, que en algunos casos sí son necesarias que las realicen policías por tema de secreto.

Sin embargo, los agentes consideran que los DNI, pasaportes y las tarjetas de identidad de extranjeros los podrían hacer perfectamente administrativos que no policías, y que tareas de apoyo, como dar clases en la División de Formación o llevar automoción, también las podrían hacer personal civil.

«Con estos cometidos administrativos y de burocracia nos estamos perdiendo a muchos agentes que deberían estar en labores operativas, por lo que necesitaríamos de forma urgente el apoyo de personal civil que se encargue de estas labores», concluyen.