El separatismo pide la amnistía para un condenado por agredir a dos mossos con el palo de una bandera

Con la ley de amnistía en marcha -Moncloa, como reveló este periódico, ya ha trasladado a Junts un texto parcial de la norma-, el separatismo hace sus listas de los «represaliados» que podrían beneficiarse de ese borrado del delito. El alcance de la amnistía que el Gobierno está dispuesto a conceder a sus socios aún no se ha precisado, pero el plan inicial del independentismo incluye una larga lista de condenados -o imputados aún pendientes de juicio-, con los delitos más variopintos. Entre ellos, se pretende incluir a aquellos que fueron imputados por lo que consideran la «criminalización» de la protesta durante el procés. En la lista a amnistiar figura, por ejemplo, Adrián Sas, condenado a tres años y medio de cárcel por golpear y lesionar a dos agentes de los Mossos durante la manifestación de 2018 por el primer aniversario del 1-o. Sas está pendiente de su ingreso en prisión y sería, de hecho, el primer «activista» –no alto cargo– que entra en la cárcel por una condena por hechos vinculados con el proceso secesionista.

🛑 Els represaliats són la cara més visible de la repressió contra la Catalunya que vol ser lliure d’un estat corromput, tal com vam expressar l’1-O.
👊 Ells són l’esperit de la defensa de les urnes, de les marxes, d’Urquinaona. Aquesta jornada de l’1-O hem de ser al seu costat. pic.twitter.com/PepSr0Vhio

— CDR Catalunya #RevoltaPopular 🔥 (@CDRCatOficial) September 29, 2023

Según el relato de los hechos recogido en la sentencia, durante una manifestación en el parque de la Ciutadella de Barcelona en 2018, Sas usó el palo de una bandera para golpear a un mosso «en la barbilla, cuando éste fue a evitar que se desmontaran las vallas que protegían el Parlament». El agente, como consecuencia del ataque, cayó al suelo y Sas «le golpeó la mano derecha». Después, usó el mismo palo de bandera para golpear a otro agente en el casco. Dos mossos atacados por quien ahora los secesionistas quieren incluir en la amnistía.

El condenado al que ahora se incluye en la lista de la amnistía fue identificado por los dos mossos. Lo señalaron como autor de los golpes. Causó a los agentes distintas lesiones, una cervicalgia a uno de ellos y una herida en la barbilla y una lesión en la mano al otro. La Fiscalía llegó a solicitar siete años de prisión para el acusado, alegando que «con ánimo de atentar contra la autoridades, no se limitó a lanzar objetos, y a animar a los manifestantes a generar altercados, sino que además, sirviéndose de un palo, agredió a dos agentes».

La propia Generalitat se personó como acusación, reclamando cinco años y medio de prisión por desórdenes, atentado contra la autoridad y lesiones. En el juicio, Sas se declaró inocente. Ahora los separatistas, que también gobiernan la Generalitat, quieren que este autor del ataque a dos mossos sea beneficiado por la amnistía.

Miles de implicados

Las entidades separatistas llegaron a cifrar en «cerca de 4.000» los «represaliados» del procés que se verían beneficiados por la amnistía. Ese recuento ha sido validado por los propios dirigentes independentistas.

En la proposición de ley que Junts, ERC y la CUP registraron en 2021 en el Congreso -y que no fue admitida a trámite por la Mesa al resultar abiertamente inconstitucional- indicaban que «más de 2.800 personas han estado o siguen estando encausadas por algún delito que se deriva de la participación de actos relacionados con el 9N, el referéndum de 2017 o las movilizaciones y protestas de los ciudadanos en respuesta a la represión desencadenada por el proceso de reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña», tomando así por buenos los datos facilitados entonces por estas organizaciones.

En ese texto, los partidos separatistas reclamaban la amnistía para cualquier acto de «intencionalidad política», es decir, «cualquier hecho vinculado a la preparación, organización, convocatoria, financiación, favor, promoción, ejecución y celebración tanto del Proceso Participativo sobre el futuro político de Cataluña del 9 de noviembre de 2014 como del referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017, así como los actos de protesta en la vía pública que, con el fin de defender las citadas consultas o criticar la actuación de las autoridades gubernamentales o jurisdiccionales, hayan sido enjuiciados penal o administrativamente desde la fecha del citado referéndum».