crisis del coronavirus

Sanidad también compra 10 respiradores por 468.000 euros a la empresa con «dirección desconocida»

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El ministro de Sanidad, Salvador Illa, junto al modelo de respirador chino que va a importar MJ Steps.
  • Pelayo Baro y M.A. Ruiz

El Ministerio de Sanidad, que dirige el socialista Salvador Illa, no sólo ha comprado un millón de hisopos para extraer muestras de Covid-19 a una empresa, MJ Steps, de la que dice desconocer tanto su dirección como su número de NIF.

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) también ha adquirido a la misma empresa 10 respiradores de fabricación china, del modelo SH300, por un precio total de 468.300 euros (IVA incluido). Y de nuevo, el departamento que dirige Salvador Illa ha omitido cualquier dato que permita identificar a la empresa a la que adquiere ese producto, más allá de su denominación comercial.

El expediente de este último contrato, firmado por el director de Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios, tampoco da muchas pistas sobre la firma que va a importar estos 10 respiradores desde China, MJ Steps.

El documento justifica que Sanidad haya realizado la compra a dedo por el procedimiento de emergencia, sin concurso público, por «la situación creada con el avance exponencial del Covid-19. La situación hace que a nivel mundial se incremente la demanda de material de protección para el abordaje del virus, circunstancia que ha desbordado la capacidad de producción de las factorías dedicadas a este equipamiento. Por ello, y a fin de garantizar la disposición de estos dispositivos con carácter urgente, se hace necesario la formalización inmediata de compromisos con las empresas comercializadoras».

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Sanidad ha contratado a la empresa de Granada Tec Pharma Europe para importar 200 respiradores chinos modelo Eternity SH300.

Lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud (OMS) instó al Gobierno español a hacer acopio de material sanitario para hacer frente a la pandemia de coronavirus el pasado mes de febrero. Sin embargo, el ministro de Sanidad Salvador Illa hizo caso omiso de dicha advertencia y no ordenó las primeras compras de material hasta después de las manifestaciones feministas del 8M.

Esto ha provocado que el Ministerio sufra ahora todo tipo de dificultades para adquirir dicho material a un precio que se ha disparado. Al justificar la elección de MJ Steps para importar 10 respiradores de China, el expediente firmado por el director de Ingesa se limita a señalar lo siguiente: «Se entiende que la empresa indicada responderá a la situación de emergencia de salud pública de forma adecuada y con la premura que dicha situación requiere y, por ello, ha sido seleccionada».

La empresa presentó un presupuesto para importar 10 dispositivos de ventilación mecánica SH300 por un total de 380.000 euros, a 38.000 euros cada uno. La operación suma un total de 468.300 euros, una vez incluido el IVA.

«Una de las necesidades del mencionado procedimiento es poner dispositivos de ventilación mecánica a disposición de las unidades de cuidados intensivos en las que muchos de los pacientes afectados por el Covid-19 se encuentran ingresados», indica al respecto el director de Ingesa, «por tanto, tener a disposición del Sistema Nacional de Salud estos equipos debe considerarse como una prioridad en estos momentos, ya que permitiría proporcionar a los pacientes en los centros hospitalarios, especialmente los casos más graves, la asistencia adecuada».

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El expediente firmado por el director de Ingesa, Alfonso María Jiménez Palacios.

La compra se ha realizado con cargo a la partida de 1.000 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez habilitó, mediante un «crédito extraordinario» concedido al Ministerio de Sanidad, para hacer frente a la compra de productos destinados a combatir la pandemia del coronavirus.

Este crédito se habilitó el pasado 12 de marzo, cuando España ya tenía 84 muertos por coronavirus, a través del Real Decreto-Ley 7/2020 por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19.

Cinco días después, el 17 de marzo, el Gobierno dictó un nuevo Real Decreto-Ley de medidas urgentes, según el cual «a todos los contratos que hayan de celebrarse por la Administración General del Estado o sus organismos públicos y entidades de Derecho público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia«.

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