Sánchez promete a Díaz acelerar el impuesto a las eléctricas tras rebajar el IVA como pedía el PP

El impuesto a las empresas eléctricas para reducir sus beneficios, que defendía hasta hace poco la vicepresidenta Yolanda Díaz en solitario, es ya una medida asumida por un PSOE que la tachaba de «populista». Pedro Sánchez le ha trasladado a la líder de Unidas Podemos, tras el cabreo que ha provocado en las filas de la coalición morada la rebaja del IVA en la factura de la luz del 10% al 5%, que había «dado órdenes» de acelerar la creación de este nuevo impuesto de sociedades que afectará a las empresas cotizadas. Ya este miércoles, en privado, Nadia Calviño, Teresa Ribera o María Jesús Montero -que hace unos días negaban esta posibilidad en el medio plazo- admitían que «no se puede descartar». Los podemitas aprietan para que se apruebe este mismo sábado.

En las filas de Unidas Podemos y en el entorno de Yolanda Díaz la rebaja fiscal, que según fuentes gubernamentales se ha decidido como respuesta a esa exigencia del PP de Alberto Núñez Feijóo para mostrar un acercamiento a los populares tras los resultados en Andalucía, «no es una medida útil». Lamentan que «se trata de una decisión improvisada que busca un efecto inmediato» que «tendrá consecuencias en el medio y largo plazo». Y es que los socios de los socialistas en el Gobierno afean que «en lugar de adoptar ya la decisión de tocar los beneficios de los que más tienen, reducimos los ingresos públicos que sirven para sostener los servicios públicos». «No es una buena noticia» señalan.

Sin embargo esa petición de Díaz que la parte económica del Gobierno aplazaba hasta 2023, una subida fiscal a las eléctricas, se avanzará en el tiempo y puede entrar en vigor este mismo año. Un cambio de postura en menos de 24 horas que tiene mucho que ver con las críticas internas y externas que ha recibido Pedro Sánchez. Una de ellas, tal como relata hoy OKDIARIO, la que le transmitió Díaz achacando a sus incumplimientos la desmovilización de la izquierda. Y es que también ayer, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, mostraba ciertas reticencias a la propuesta de la vicepresidenta segunda de subir 10 puntos la tasa del Impuesto sobre Sociedades a las grandes empresas energéticas con el objetivo de elevar la recaudación en entre 1.500 y 2.000 millones de euros.

Montero aseguró que compartía el objetivo de que las eléctricas contribuyan en mayor medida a las arcas del Estado por sus beneficios «desorbitados», una postura que también ha ido modelando con el paso de los días, pero subrayó que las figuras tributarias tienen que tener un rendimiento «real» y, «a veces», el Impuesto sobre Sociedades no es el que aporta un mayor rendimiento.

La ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en La Sexta, ha sido la encargada de poner voz a ese compromiso de Sánchez con Díaz. «La decisión está tomada» y «comunicada» ha asegurado. Rodríguez ha reclamado un esfuerzo a las empresas energéticas alegando que «no hay ciudadano que entienda» los «desorbitantes» beneficios que están teniendo cuando los demás están haciendo un esfuerzo. A este respecto ha añadido que el Ejecutivo ha sido muy claro en «esta decisión» porque consideran que «iría bien» para España que las propias empresas energéticas «hicieran el esfuerzo de contribuir con su país».

Ha justificado el cambio de postura de los socialistas, alegando que el Gobierno ha hecho un esfuerzo para proteger la mayoría social y a los más vulnerables y ahora piden a las energéticas que hagan lo mismo que está haciendo el Gobierno: «hacer esfuerzos». Ha manifestado, en este sentido, que «en un momento como este no hay ciudadano que entienda estos desorbitantes beneficios cuando ellos están haciendo un esfuerzo». Sobre cuándo se llevará a cabo la medida, la ministra ha asegurado que lo van a hacer de la mejor manera, en el menor tiempo posible y para una inmensa mayoría, aunque no ha concretado si esta medida se incluirá en el Real Decreto que va a aprobar el Gobierno el próximo sábado en el Consejo de Ministros extraordinario para adoptar decisiones que palíen los efectos de la guerra de Ucrania en la Economía.