La reunión discreta para ampliar el Prat la pactaron Sánchez y Aragonès y sólo la conocían los implicados

Fue una orden expresa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras varios contactos discretos con el de la Generalitat, Pere Aragonès, a lo largo del mes de julio. El jefe del Ejecutivo le encargó a la ministra de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad, Raquel Sánchez Jiménez, el mismo día que le pidió incorporarse a su equipo, cerrar un acuerdo discreto con el Gobierno catalán para lograr la ampliación de aeropuerto del Prat. Su interlocutor sería el vicepresidente Jordi Puigneró.

Lo único que desajustó los planes de los dos gobiernos, fue la filtración a la prensa del encuentro discreto que se estaba celebrando en Madrid. Tras darse a conocer la reunión que mantenían Sánchez Jiménez y Puigneró, todo se precipitó y la ministra portavoz tuvo que anunciar la noticia como si se tratase del acuerdo principal de la bilateral que mantuvieron Estado y Generalitat, pese a que no figuraba en el orden del día. Y es que la intención  y lo pactado con Sánchez, era que el anuncio se hiciese este martes, tras la última reunión del Consejo ejecutivo del Govern, el presidente Pere Aragonès.

La ampliación del aeropuerto de Barcelona, con una inversión de 1.700 millones de euros, será uno de los desembolsos más importantes de la presidencia de Sánchez. Ha elegido Cataluña, en una reivindicación demandada por los sucesivos gobiernos autonómicos de CIU, PSC, Junts y ERC, para rentabilizar al máximo esa lluvia de millones. Con el compromiso de convertir El Prat en un nuevo hub internacional que compita directamente con Barajas el jefe del Ejecutivo quiere asegurarse el apoyo de los partidos separatistas a sus presupuestos y a alguna de las principales leyes que impulsará. Y ganar votos con la creación de más de 83.000 empleos directos y 360.000 en un territorio gobernado exclusivamente por el PSC.

Esa discreción a la hora de gestar la operación, sus socios de Podemos y los Comuns lo llaman ocultación, ha creado una nueva discusión en el seno del Gobierno de coalición. Los de Yolanda Díaz, que gobiernan El Prat y Barcelona, se oponen a la ampliación del aeropuerto que afecta al espacio protegido del Delta del Llobregat.

Colau no quiere aumentar las operaciones en el aeródromo barcelonés para evitar la llegada de más turismo a su ciudad, que vive principalmente de ello. Los morados ya han trasladado a la ministra su enfado por cómo ha ocurrido todo, al margen de los dos municipios afectados gobernados por ellos, y con la oposición de varias entidades ecologistas. Fuentes cercanas a Sánchez Jiménez, que no hacen caso a esas críticas, admiten que “no nos sorprende”.