La red del ‘Tito Berni’ sacude a Batet: debe vigilar que los diputados no usen el cargo para sus negocios

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 05/03/2023 06:49
  • Actualizado: 05/03/2023 09:47

La trama de corrupción liderada por el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni, ha agitado a todo el Grupo Parlamentario Socialista. Y ha dejado también al descubierto una llamativa ausencia de controles. La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, está obligada a vigilar que los parlamentarios respeten el reglamento de la Cámara baja. Y ese reglamento, en su artículo 17, establece que los diputados «no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional».

El mediador que da nombre a esta trama de extorsiones a ganaderos canarios, Marco Antonio Navarro Tacoronte, ha identificado en OKDIARIO a ocho diputados que participaron en una cena con la trama del Tito Berni.

Según las investigaciones, la red tenía como epicentro el Congreso de los Diputados, donde Fuentes Curbelo -que fue expulsado del PSOE el pasado 14 de febrero- se servía de su condición de diputado para dar apariencia de «seriedad» ante los empresarios, a los que pedía un «peaje económico» de 5.000 euros bajo la promesa de «obtener privilegios» en materia de contratación pública, sanciones o ayudas económicas.

Según la Fiscalía, formaban parte de esta trama «autoridades, altos cargos públicos» y otras personas que, en nombre de estas, «ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios».

Navarro Tacoronte identificó en este periódico a ocho parlamentarios socialistas que, siempre según su versión, participaron en una cena en el lujoso restaurante Ramsés, de Madrid, con Fuentes Curbelo y miembros de la red. Los diputados señalados por este empresario son: Indalecio Gutiérrez Salinas (Almería); Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández (León); Guillermo Antonio Meijón (Pontevedra); Manuel Arribas (Ávila); Beatriz Micaela Carrillo (Sevilla); Uxía Tizón (Orense) y Ana Prieto (Lugo). Algunos de estos diputados han reconocido públicamente su participación en encuentros con Tito Berni, aunque han negado haber participado después en las fiestas y juergas organizadas por Fuentes Curbelo.

Trama

La trama Mediador, que según los investigadores estaría encabezada por el ya ex diputado socialista Fuentes Curbelo; el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Navarro Taraconte, pedía un «peaje económico» de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de «obtener privilegios» en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar «seriedad» y acababan en «grandes fiestas» en clubes y hoteles, con prostitutas y droga, y una media de gasto de unos 3.000 euros.

La red estaba «perfectamente definida y coordinada», indica el fiscal, que sitúa en su «vértice superior» a Fuentes Curbelo, a su sobrino Taishet Fuentes, director general de Ganadería, y al general de división de la Guardia Civil.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reconocido que al partido le consta que «algunos» de sus diputados fueron a una cena organizada por la trama y que así se lo han comunicado los mismos al partido, aunque ha negado que participaran en fiestas con prostitutas y cocaína: «Para nada». López ha quitado hierro a que cenaran si no caen en prácticas corruptas: «Una cosa es ir a cenar y otra es corromperse».

Entre tanto, la Policía Nacional ha solicitado a la juez el acceso «sin restricciones y de manera exclusiva» al despacho del ex diputado del PSOE, mientras la Fiscalía Anticorrupción advierte de que el acceso de los investigadores a estas instalaciones debe ser autorizado por el Congreso «con las previsiones y prevenciones que considere oportunas», para la entrega e intervención de los terminales informáticos, documentos y otros efectos que pertenezcan al investigado.