La red del ‘Tito Berni’ sacude a Batet: debe vigilar que los diputados no usen el cargo para sus negocios
La trama liderada por Fuentes Curbelo, el 'Tito Berni', ha agitado al Grupo Parlamentario Socialista
El PSOE conocía desde hace un año la trama en la que su diputado cobró comisiones en puticlubs
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La trama de corrupción liderada por el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias el Tito Berni, ha agitado a todo el Grupo Parlamentario Socialista. Y ha dejado también al descubierto una llamativa ausencia de controles. La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, está obligada a vigilar que los parlamentarios respeten el reglamento de la Cámara baja. Y ese reglamento, en su artículo 17, establece que los diputados «no podrán invocar o hacer uso de su condición de parlamentarios para el ejercicio de actividad mercantil, industrial o profesional».
El mediador que da nombre a esta trama de extorsiones a ganaderos canarios, Marco Antonio Navarro Tacoronte, ha identificado en OKDIARIO a ocho diputados que participaron en una cena con la trama del Tito Berni.
Según las investigaciones, la red tenía como epicentro el Congreso de los Diputados, donde Fuentes Curbelo -que fue expulsado del PSOE el pasado 14 de febrero- se servía de su condición de diputado para dar apariencia de «seriedad» ante los empresarios, a los que pedía un «peaje económico» de 5.000 euros bajo la promesa de «obtener privilegios» en materia de contratación pública, sanciones o ayudas económicas.
Según la Fiscalía, formaban parte de esta trama «autoridades, altos cargos públicos» y otras personas que, en nombre de estas, «ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios».
Navarro Tacoronte identificó en este periódico a ocho parlamentarios socialistas que, siempre según su versión, participaron en una cena en el lujoso restaurante Ramsés, de Madrid, con Fuentes Curbelo y miembros de la red. Los diputados señalados por este empresario son: Indalecio Gutiérrez Salinas (Almería); Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández (León); Guillermo Antonio Meijón (Pontevedra); Manuel Arribas (Ávila); Beatriz Micaela Carrillo (Sevilla); Uxía Tizón (Orense) y Ana Prieto (Lugo). Algunos de estos diputados han reconocido públicamente su participación en encuentros con Tito Berni, aunque han negado haber participado después en las fiestas y juergas organizadas por Fuentes Curbelo.
Trama
La trama Mediador, que según los investigadores estaría encabezada por el ya ex diputado socialista Fuentes Curbelo; el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Navarro Taraconte, pedía un «peaje económico» de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de «obtener privilegios» en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar «seriedad» y acababan en «grandes fiestas» en clubes y hoteles, con prostitutas y droga, y una media de gasto de unos 3.000 euros.
La red estaba «perfectamente definida y coordinada», indica el fiscal, que sitúa en su «vértice superior» a Fuentes Curbelo, a su sobrino Taishet Fuentes, director general de Ganadería, y al general de división de la Guardia Civil.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reconocido que al partido le consta que «algunos» de sus diputados fueron a una cena organizada por la trama y que así se lo han comunicado los mismos al partido, aunque ha negado que participaran en fiestas con prostitutas y cocaína: «Para nada». López ha quitado hierro a que cenaran si no caen en prácticas corruptas: «Una cosa es ir a cenar y otra es corromperse».
Entre tanto, la Policía Nacional ha solicitado a la juez el acceso «sin restricciones y de manera exclusiva» al despacho del ex diputado del PSOE, mientras la Fiscalía Anticorrupción advierte de que el acceso de los investigadores a estas instalaciones debe ser autorizado por el Congreso «con las previsiones y prevenciones que considere oportunas», para la entrega e intervención de los terminales informáticos, documentos y otros efectos que pertenezcan al investigado.
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