Independentismo en Cataluña

La Fiscalía de Delgado se opone a la querella del PP contra Torra por usurpar el cargo de president

La Fiscalía Superior de Cataluña ha rechazado la querella presentada por el Partido Popular contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de usurpación de funciones

La Fiscalía de Delgado se opone a la querella del PP contra Torra por usurpar el cargo de president
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Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido que se archive la querella presentada por el Partido Popular contra el presidente inhabilitado de la Generalitat, Quim Torra, por un delito de usurpación de funciones.

En el informe, el teniente fiscal Pedro Ariche considera que los hechos relatados en la querella no son constitutivos de infracción penal.

El PP denunció a Torra por «empecinarse en mantener el cargo en abierta y franca rebeldía frente a la Constitución y el Estatuto», después de que la Junta Electoral retirara al dirigente catalán su acta de diputado en el Parlament.

El fiscal estima que la legitimidad de Torra para ejercer el cargo de president no puede resolverse por la vía penal.

«No es en sede de un tribunal penal donde deba dilucidarse si, en la situación actual, quien ejerce las funciones de presidente de la Generalitat se halla o no legitimado para el adecuado ejercicio» del cargo, señala. Y añade que Torra sigue ejerciendo ese cargo «sin aparente oposición de nadie».

El fiscal considera que es preciso un «previo pronunciamiento» de «un órgano competente» para establecer si el hecho de que el dirigente separatista siga ejerciendo como president es un delito de usurpación.

Los ‘populares’ señalaban en la querella que Torra «ha perdido el derecho al cargo que ostentaba», después de que le fuese retirada su acta como diputado por su condena por desobediencia, al negarse a retirar los lazos amarillos de edificios públicos pese a la orden de la Junta Electoral Central (JEC).

En consecuencia, esa pérdida «llevaría inexorablemente aparejada la de la condición de presidente».

El pasado 27 de enero, el Parlament acordó retirar el acta de diputado a Torra después de que el Tribunal Supremo confirmase la decisión de la JEC.

El fiscal indica en su informe que la conducta denunciada por el PP «es, en la actualidad, atípica» porque el Código Penal no castiga a quien, debiendo cesar, continuase en el ejercicio de la función pública.

Señala también que el actual delito de usurpación de funciones públicas «se reserva para quienes siendo ajenos a la función pública se la atribuyen falsamente para obtener ventaja o cometer otros delitos con mayor facilidad».

También ha recordado que la JEC no se pronunció expresamente sobre la condición de Torra de presidente de la Generalitat, y ha apuntado a que «no es en sede de un tribunal penal donde deba dilucidarse si en la situación actual quien ejerce las funciones de MHP President de la Generalitat de Cataluña se halla o no legitimado para el adecuado ejercicio de aquellas».

 

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