Por qué el imputado Óscar Clavell podría quedar fuera del acuerdo anticorrupción PP-C’s

Las negociaciones entre Partido Popular y Ciudadanos para desatascar la investidura de Mariano Rajoy se resumieron ayer en un nombre propio, Óscar Clavell.

El diputado del PP de Castellón está imputado después de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia apreciase indicios de delito respecto al pago de casi 707.000 euros en facturas de la empresa contratada para la limpieza viaria y transporte de residuos urbanos cuando ejercía de alcalde en funciones en La Vall d’Uixó, el municipio del que fue regidora la actual presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig.  Clavell está procesado por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude y exacciones ilegales.

Según el juez, Clavell realizó los pagos «pese a que la responsable técnico de la ejecución del servicio» le advirtió de que éste «no se estaba ejecutando correctamente”.

Según recoge el auto, Clavell «pese a los defectos de las facturas y pese a la oposición de los funcionarios correspondientes, validó personalmente su aptitud para el cobro, lo que permitió el abono de las mismas».

El PP defendió que el caso de su diputado no era corrupción «sino una situación de discrepancias con un informe de un técnico del ayuntamiento en relación con unos pagos» y recurrió ante los tribunales. Consideró además que se trataba de una «denuncia política» de PSOE y EU.

«No se trata de hacer pasar por corrupción lo que no es», dijo el vicesecretario de Organización del PP, Fernando Martínez Maillo,  quien añadió que «no se puede pretender hacer tabla rasa»  y que sin enriquecimiento ni financiación ilegal no se puede hablar de corrupción.

El imputado aseguró el año pasado que en caso de verse sentado en el banquillo renunciaría al acta de diputado.

Ciudadanos lo estudia

El caso genera en cambio dudas para la aplicación del ‘pacto anticorrupción’, que ambos partidos firmaron el pasado viernes, y que contempla la expulsión inmediata de cualquier cargo público- Ciudadanos lo reduce ahora a Gobierno y Senado-que resulte imputado, en tanto no se resuelva el procedimiento judicial.

El partido de Rivera pidió este martes información sobre el caso, para aclarar si podría considerarse o no corrupción política. Según el vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, “no es lo mismo meter la pata que meter la mano en la caja”, considerando así que podría haberse debido a una mala praxis.

Redefinición de ‘corrupción’

La formación centrista ha redefinido en las últimas horas lo que considera corrupción política: únicamente aquellos casos en los que se produzca un enriquecimiento personal o financiación ilegal de los partidos.

«Si se dan estos condicionantes, pediremos que se cumpla el pacto. La mala praxis no es corrupción política”, destacó Villegas.

El caso de Clavell podría compararse al del consejero de Economía andaluz, Antonio Ramírez de Arellano, que no resultó afectado por el acuerdo para la investidura de Susana Díaz al considerarse un caso de mal procedimiento y no de corrupción.

El texto literal del documento suscrito el viernes obliga a «la separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por delitos de corrupción política, hasta la resolución completa del procedimiento judicial». No se añaden más precisiones: ni qué se considera corrupción, ni tampoco qué alcance tiene ese punto, lo que provocó ya discrepancias entre PP y Ciudadanos.

El partido de Rivera matizó en los últimos días que el pacto exigía solo la expulsión de cargos de ámbito nacional, al tratarse del acuerdo de investidura de un presidente del Gobierno.

Desde el PP habían dado por supuesto, en cambio, que afectaba a todos los cargos, desde un ministro a un concejal. Ambos partidos emplazaron a la mesa de negociación la concreción de estas exigencias.