Puigdemont exige a Sánchez que le ceda ya las competencias en inmigración para aprovecharlo en campaña

Carles Puigdemont exige a Pedro Sánchez que el Gobierno de coalición haga efectivo el traspaso de las competencias de inmigración al Govern antes de las elecciones del 12 de mayo. Mediante un acuerdo de Gobierno que, posteriormente, deberá ser refrendado en el Congreso de los Diputados para que tome forma de ley orgánica. Fuentes de Junts aseguran que las prisas vienen «para plantar cara a Aliança Catalana», la formación de Sílvia Orriols. Fuentes del Gobierno no descartan ceder también en eso. La candidatura de Puigdemont compite directamente contra este nuevo partido que, según los sondeos, podría irrumpir con cuatro parlamentarios en el Parlament catalán.

El PSOE pactó con la formación de Carles Puigdemont, un partido al que Pedro Sánchez definió en 2018 como «racista y xenófobo», la cesión de las competencias sobre inmigración a la Generalitat de Cataluña. «La letra pequeña del traspaso no la podemos explicar, pero será en materia de documentación o permisos de residencia», aseguró la portavoz parlamentaria separatista, Miriam Nogueras, tras hacerse público el acuerdo hace unos meses. El objetivo de Junts no es otro que desarrollar una política «integral» y «de Estado» en un asunto tan sensible como la inmigración, una materia que es competencia exclusiva del Gobierno central.

Nogueras, la voz de Puigdemont en Madrid, aseguró que «Cataluña debe poder decidir los flujos migratorios». Entre otras cuestiones, Junts también aspira a que, con la gestión de las competencias de inmigración, puedan obligar a los inmigrantes que llegan a Cataluña a hablar catalán. «Es importante que la lengua sea un elemento de integración para las personas que llegan a nuestro país», aseguró la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso. El partido de Puigdemont quiere, además, poder pactar de tú a tú con la Unión Europea la llegada de inmigrantes a nuestro país. Aspiran a un pacto bilateral Generalitat-UE «sin interferencias».

La concesión de estas competencias se realizará «con una ley orgánica a partir del artículo 150.2 y delegando las competencias plenas y los recursos en inmigración». Ese artículo de la Constitución recoge lo siguiente: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado». En el PSOE se agarran al término «delegar» para rebajar la cesión.

La fórmula que prevé utilizar el Ejecutivo de Pedro Sánchez para satisfacer los intereses de Junts es la misma que hace unas semanas utilizaron para dar luz verde al Anteproyecto de Ley Orgánica de Medidas en materia de eficiencia del servicio público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.

Junts, con este traspaso, busca también tener la capacidad de decidir la expulsión de inmigrantes que hayan cometido varios delitos y que se encuentren en situación irregular. El secretario general de la formación, Jordi Turull, defendió hace unas semanas que el primer objetivo es evitar la multirreincidencia. «Si se expulsa o no a multirreincidentes debe poder decidirse desde Cataluña. Tenemos que mirar nosotros en qué condiciones se puede echar a estas personas».

La población extranjera que reside en Cataluña es de 1.271.810 personas. Así lo aseguró el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Son datos del 1 de enero de 2022. Esto representa el 16,3% de la población catalana. Los últimos datos registrados indican que Cataluña cuenta con 617.453 musulmanes, la región de España que más tiene, según datos de la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE). De ellos, 250.000 tendrían la nacionalidad española. En la provincia de Gerona, el 13% de la población es musulmana. Con el traspaso de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, Junts quiere que Cataluña decida cuántos inmigrantes acoge y que aprendan el catalán.