El PSOE rechaza una propuesta del PP para que el fiscal general del Estado no proceda de la política

El PSOE de Pedro Sánchez ha rechazado este martes en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de una proposición de ley del PP para que el fiscal general del Estado no proceda directamente de la política, como ocurrió el pasado enero con el caso de la ex ministra socialista Dolores Delgado. En cambio, Vox, Ciudadanos y JuntsxCat sí han respaldado la iniciativa, que pese a ello no seguirá adelante en su tramitación parlamentaria por la falta de apoyos.

El PP registró el texto en febrero para impulsar una reforma legislativa del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y establecer por ley que los aspirantes a ese cargo no hayan ejercido labores políticas en los últimos cuatro años. Además, los populares reclamaban que el nombramiento, que continuaría siendo «a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial», según la Constitución, recibiera el apoyo de dos terceras partes del Congreso.

Con la actual legislación, los candidatos deben superar dos trámites: el examen del Consejo General del Poder Judicial, que emite un informe de idoneidad (aunque no es vinculante) y la simple comparecencia en el Congreso de los Diputados, que no emite informe.

Pero los socialistas, a través de su portavoz de Justicia, Francisco Aranda Vargas, del PSC, se han manifestado en contra de esta reforma, acusando a los populares de «volver a hacer la misma política de cuando no gobiernan, la del corto alcance, el rifirrafe y el bloqueo». Así, Aranda Vargas ha preguntado al PP por qué no acometió esta reforma con el Gobierno de Mariano Rajoy y por qué «sólo establece la incompatibilidad de los cuatros años anteriores para el caso de la Fiscalía General del Estado y no para otros órganos».

En cuanto a Unidas Podemos, la diputada Martina Velarde ha calificado la iniciativa de «obscenidad política» por «desbordar», a su juicio, el mandato constitucional. Así, ha apelado al artículo 124.4 de la Constitución según el cual «el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial». Sin embargo, la propuesta de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que plantea el PP no choca con tal precepto.

Iglesias y Bolivia

Por su parte, el portavoz de Justicia en el Congreso y defensor de la iniciativa en el Pleno, Luis Santamaría, ha denunciado el «quintacolumnismo» de la actual Fiscalía General del Estado. «Esta Fiscalía corre para perseguir a Martín Villa, pero permanece callada cuando se trata de impulsar la declaración de Iglesias solicitada por la fiscalía general de Bolivia desde el día 4 de enero. Unos protegidos y otros achuchados por la Fiscalía» de Delgado, ha apostillado Santamaría.

Así mismo, el diputado popular, que ha recordado las «deshonrosas» conversaciones grabadas por el ex comisario José Villarejo con Dolores Delgado, cuando era fiscal en la Audiencia Nacional, ha señalado también a Sánchez y a Iglesias.

«En esta Cámara hay dos grandes escapistas, el señor Sánchez, que nunca ha asumido responsabilidades políticas por el caso de los ERE, y el señor Iglesias, huidizo cual ratoncillo cuando le piden explicaciones por el caso Dina o la financiación de su partido».

Santamaría ha criticado que Dolores Delgado «actúa como fiscal de parte a favor del Gobierno cuando a éste le conviene» y ha subrayado que como ex ministra de Sánchez y tras haber participado activamente en la campaña electoral del PSOE, «no tenía la apariencia de imparcialidad exigida y tampoco ha sido imparcial en el desempeño de sus funciones». Delgado ha sido la ministra más reprobada en democracia por las Cortes Generales.

Además, el diputado del PP ha advertido de que su grupo estará muy vigilante al curso de las 51 demandas y querellas presentadas por la negligente gestión del Gobierno en la pandemia del coronavirus. Según Santamaría, tal y como han pedido las asociaciones de fiscales, Delgado debe quedar «al margen en términos absolutos y con todas las consecuencias» cuando se abra la vía penal contra miembros del Ejecutivo.

Stampa y la abogada de Podemos

De otro lado, el portavoz popular de Justicia ha reclamado saber en «qué estado se encuentran las diligencias que le exigimos a la Fiscal General del Estado por el escándalo de la connivencia entre la Fiscalía y un partido político corrupto», en alusión a Podemos y la relación del fiscal Ignacio Stampa con la abogada morada Marta Flor, a quien facilitó información confidencial de espaldas al juez.

Respecto a una eventual renovación del CGPJ, Santamaría ha remarcado que el PP tiene tres objetivos: salvaguardar la independencia constitucional, defender el marco constitucional y mejorar el servicio público». Y en este sentido, ha recalcado a los socialistas: «No nos pidan que facilitemos la entrada de Podemos en el último bastión del Estado de Derecho que nos queda, de quienes han venido a asaltar los cielos y romper el primer de los consensos constitucionales, que es la Monarquía constitucional. No nos pidan que asumamos sus fracasos», ha sentenciado.

Vox: incompatibilidad de 10 años

En su turno de intervención, la secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox, Macarena Olona, ha saludado la iniciativa del PP, pero ha recordado que la propuesta de su formación va más allá al establecer una incompatibilidad de 10 años y no sólo de cuatro.

Además, Olona ha enfatizado que «nuestros hermanos venezolanos y colombianos nos advierten, por experiencia propia, de que si cae el Poder Judicial, el socialcomunismo habrá soltado el último amarre que frena el cambio de régimen en España». «La politización de la Justicia lleva a una absoluta aniquilación de la separación de poderes», ha remachado al diputada de Vox.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, también ha valorado positivamente la propuesta del PP en el fondo, pero ha reclamado a los populares una reforma del Ministerio Fiscal «más profunda», en línea con las demandas que vienen realizando los naranjas desde hace varios años. Por parte de JuntsxCat, Jaume Alonso-Cuevillas, ha abogado por que la incompatibilidad no tenga límite de años, de modo que no pueda ser fiscal general del Estado aquel que haya ostentado previamente un cargo político.