El PSOE rechaza una ley para desalojar okupas en 48 horas y castigarlos con hasta 3 años de cárcel

En plena polémica por la futura Ley de Vivienda, que blinda a los okupas, el PSOE ha rechazado una iniciativa de Vox para acelerar los desalojos y castigar con hasta tres años de prisión a quienes ocupen ilegalmente una vivienda. La iniciativa propone una doble vía para perseguir a los okupas: por un lado, endureciendo las penas por usurpación y dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de mayores medios en la lucha contra la ocupación ilegal; y por la vertiente civil, agilizando el proceso de desalojo.

Así, se modifica el Código Penal para castigar con penas de dos a tres años a quienes okupen una vivienda con violencia o intimidación y de seis a los doce meses de cárcel para los inquilinos que dejen de pagar el alquiler a los propietarios del inmueble. Para aquéllos que promuevan estas prácticas reclaman también penas de cárcel puesto que también considera víctimas a los vecinos del inmueble, de forma que podrán presentar ellos mismos la denuncia, y no únicamente el propietario. El partido esgrime que los vecinos de inmuebles cercanos a la vivienda ocupada ilegalmente «son, en muchos casos, los verdaderos afectados por las actividades que realizan los ilegítimos ocupantes del inmueble» y «por tanto, es necesario eliminar la limitación actual de las facultades de las comunidades de propietarios para evitar, y en su caso, actuar contra la ocupación ilegal y sus consecuencias en la convivencia vecinal».

Asimismo, el partido de Abascal exige que «en los que existieran indicios fundados de la comisión de un delito, el juez o tribunal adoptará motivadamente la medida de desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar, sin necesidad de prestar caución, en tanto en cuanto, una vez requeridos los ocupantes del inmueble, no exhiban el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble».

«La okupación es un problema que deberíamos haber atajado hace mucho tiempo», ha aseverado la diputada de Vox, Cristina Esteban, que ha calificado la próxima Ley de Vivienda, pactada por el Gobierno con ERC y Bildu como «una iniciativa de golpistas y amigos del mal». «Su ignorancia y mala fe son indispensables para el plan de deconstrucción de España», ha aseverado.

Desde el PSOE han tachado la iniciativa de «bulo» y «otro show de Vox». El diputado socialista ha tratado de justificar que «la mayor parte» de los ocupantes de viviendas «son personas vulnerables» y ha asegurado que «la okupación no es un problema legal, sino social». «No pueden denominar okupas de igual manera a ambas situaciones, la mayoría no se produce porque quieran ocupar una vivienda sino porque no pueden hacer frente al pago de la vivienda», ha aseverado.

Por parte del PP, han señalado que la Ley de Vivienda es resultado de «un Gobierno inseguro y fragmentado» y que «la okupación de inmuebles es uno de los delitos más preocupantes».

Ley de Vivienda

El debate en el Congreso se produce en el contexto de la próxima aprobación de la Ley de Vivienda, que ofrece un blindaje a los okupas al complicar extraordinariamente los trámites para que el propietario pueda recuperar la vivienda.

Así, según el acuerdo de Sánchez con separatistas y proetarras, para que la demanda sea admitida, el dueño tendrá que especificar «si es o no un gran tenedor y si el inmueble que quiere recuperar constituye vivienda habitual de la persona ocupante».

Para «corroborar» que no es un gran tenedor -el que tenga más de cinco viviendas en propiedad- la ley le obligará a presentar una certificación del Registro de la Propiedad en el que conste su relación de propiedades. Si es un gran tenedor, tendrá que preocuparte en comprobar si quien está ocupando el inmueble es o no vulnerable. La norma especifica que para ello es preciso que el okupa otorgue su consentimiento. Si esa autorización no se produce, el propietario tendrá que acudir a los servicios sociales para obtener un documento que acredite esta negativa. La ley pretende así ralentizar los procesos de desalojo. La administración tendrá que informar al ocupante, además, de las ayudas públicas y subvenciones que estén a su disposición.