El PSOE dice que la amnistía no vulnera la «igualdad» porque es para todos los golpistas

La Ley de Amnistía pactada por el PSOE con los independentistas para permitir la investidura de Pedro Sánchez recoge, en su extensa exposición de motivos, una ferviente defensa del «principio de igualdad» que, advierten los jueces, se ve vulnerado con la medida. En una rocambolesca argumentación, el texto defiende la «constitucionalidad» de la ley, puesto que «se dirige a un grupo concreto de destinatarios» y se refiere a un «hecho singular, en este caso el conjunto de actos vinculados, de diversas formas, al proceso independentista, que quedan acotados material y temporalmente».

En opinión de sus proponentes, «el principio de igualdad no implica la necesidad de dar un alcance universal a los efectos de la amnistía, sino a que no existan discriminaciones entre personas que se encuentren comprendidas en el supuesto habilitante de la norma (en este caso, los actos determinantes de distintos tipos de responsabilidad en relación con el proceso independentista)». Esto es, dicho en otras palabras, que para Sánchez y sus socios la amnistía no ataca el «principio de igualdad» porque no supone «discriminación» entre los separatistas condenados o sancionados durante el proceso independentista catalán.

En este contexto, se remite al Tribunal Constitucional, señalando que «el principio de igualdad debe aplicarse cuando exista identidad sustancial de las situaciones jurídicas, sin que se pueda trabar comparación […] entre situaciones jurídicas que en origen no han sido equiparadas por las propias normas que las crean». Así, concluyen que la ley «respeta el principio de igualdad en la medida en que el ámbito de aplicación se identifica de forma objetiva y justificada, de acuerdo a valores constitucionales, y sin que arbitrariamente se excluyan de la misma supuestos con una identidad sustancial».

En efecto, la Ley de Amnistía firmada sólo por el PSOE borra la responsabilidad de todos los actos que estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable vinculados a la consulta celebrada en Cataluña. En detalle, abarca todos los actos «que se hubieren realizado entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023».

Aviso de los jueces

Los jueces han alertado de las consecuencias de esta ley para el Estado de Derecho. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) -mayoritaria en la carrera judicial- advirtió estos días que la amnistía vulnera el principio de igualdad en la aplicación de las leyes al eximir de responsabilidad penal «a una clase de personas únicamente con base en la supuesta motivación política de sus actuaciones».

Esto encierra, sostienen los jueces, «el grave riesgo» de que el mismo trato puedan exigir también «quienes pretendieron en otros momentos históricos con la fuerza del terror conseguir la independencia de parte del territorio, o bien malversaron fondos públicos invocando la misma intencionalidad».

Beneficiarios de la amnistía del PSOE

La medida afectará directamente a los líderes separatistas condenados por el 1-O y permitirá el regreso inmediato de Carles Puigdemont. De hecho, hay una alusión expresa a su situación: «Quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención» (artículo 4.3).

Además, aunque no lo menciona expresamente, se abre a amnistiar una parte del lawfare, la supuesta persecución judicial que el separatismo denuncia sin aportar prueba alguna. Esto afecta a los colaboradores del ex presidente catalán fugado: «Se entenderán comprendidos aquellos actos, vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco de ese proceso, y realizados por quienes, de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas a las que se refiere el primer párrafo de esta letra, o hubieran recabado información a estos efectos», dice el texto.

También quedarán amnistiados los miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), procesados por terrorismo, puesto que aún no hay sentencia firme.

Las decisiones judiciales para el cumplimiento de la ley se adoptarán «con carácter preferente y urgente, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate», y «en el plazo máximo de dos meses».

Catálogo de delitos

La Ley de Amnistía el PSOE y sus socios independentistas abarca un extenso catálogo de delitos. Se aplicará a «los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos».

Entre ellos, «delitos de usurpación de funciones públicas o de malversación (…) actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos o resistencia que hubieran sido ejecutados con el propósito de permitir la celebración de las consultas populares» -denominación con la que se refieren a los referéndums ilegales-, acciones que tuvieran como fin «divulgar el proyecto independentista, recabar información y adquirir conocimiento sobre experiencias similares o lograr que otras entidades públicas o privadas prestaran su apoyo a la consecución de la independencia de Cataluña».

También quedan amnistiados «los actos de desconsideración o crítica vertidos contra las autoridades y funcionarios públicos, los entes e instituciones públicas, así como sus símbolos o emblemas, en el curso de manifestaciones, asambleas, obras o actividades artísticas u otras de similar naturaleza que tuvieran por objeto reivindicar la independencia de Cataluña o la celebración» de los referéndums. Así como «los actos de desobediencia, cualquiera que sea su naturaleza, desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, resistencia u otros actos contra el orden y la paz pública que hubieran sido ejecutados con el propósito de mostrar apoyo a los objetivos y fines descritos (…) o a los encausados o condenados por la ejecución de cualesquiera de los delitos» comprendidos en la ley.

En su exposición de motivos de la Ley de Amnistía, el PSOE y sus socios alegan que la amnistía es «un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar respuesta adecuada más de 10 años después del comienzo del proceso independentista». «Un paso necesario para superar las tensiones referidas y eliminar algunas de las circunstancias que provocan la desafección que mantiene alejada de las instituciones estatales a una parte de la población».

Consideran Sánchez y sus aliados separatistas que las «consecuencias» podrían «agravarse» en los próximos años «a medida que se sustancien procedimientos judiciales que afectan no sólo a los líderes de aquel proceso (que son los menos), sino también a los múltiples casos de ciudadanos e incluso a empleados públicos que ejercen funciones esenciales».

En distintas ocasiones, se remiten a la «convivencia», el argumento que desde hace meses viene pregonando Sánchez para tratar de justificar sus cesiones. Así, sostienen que la ley permitirá «garantizar la convivencia dentro del Estado de derecho, y generar un contexto social, político e institucional que fomente la estabilidad económica y el progreso cultural y social tanto de Cataluña como del conjunto de España, sirviendo al mismo tiempo de base para la superación de un conflicto político».