El PSOE declara «víctima de violencia del Estado» a un etarra detenido por el Gobierno de Zapatero

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016.
• • 19/06/2024 06:50
  • Actualizado: 19/06/2024 09:58

El Gobierno de Navarra, presidido por la socialista María Chivite, ha reconocido otros cinco casos de supuestas torturas, en base a la llamada ley de abusos policiales. Una de estas «víctimas» para el Gobierno socialista es Iker Moreno, que fue detenido en 2011 en una operación contra el entorno de ETA. El entonces juez de la Audiencia Nacional y actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le envió a prisión por desempeñar actividades de apoyo a los presos de la banda terrorista ETA.

En 2016, Moreno llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar el ingreso en la cárcel, aceptando una condena a dos años de cárcel por «integración en organización terrorista». En concreto, la Audiencia Nacional le condenó, junto a otros cuatro acusados, como «encargados de ejecutar la estrategia diseñada y supervisada en última instancia por la propia organización terrorista ETA».

Moreno, que se enfrentaba a diez años de prisión por «dirigir, coordinar y dinamizar las organizaciones de la izquierda abertzale entre 2009 y 2010» a través de Ekin, logró la rebaja de pena tras comprometerse a renunciar a «a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia» y, con ello, «contribuir a la reparación a las víctimas del terrorismo».

Tras su detención, el etarra denunció haber sufrido «torturas salvajes» por parte de la Guardia Civil durante el tiempo en que había permanecido incomunicado, incluidas amenazas de violación. La denuncia fue archivada y, en 2013, el Tribunal Constitucional rechazó su recurso. En 2021, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por no investigar las torturas que había denunciado Íñigo González, detenido en la misma operación junto a Moreno.

Ahora, el Gobierno del PSOE en Navarra reconoce este caso aplicando la Ley 16/2019 de «reconocimiento y reparación a víctimas por motivación política provocados por funcionarios públicos y grupos de extrema derecha». Hasta el momento han sido reconocidas como tales 12 personas.

Bildu lo celebra

La decisión ha sido aplaudida por Bildu, socio preferente de Pedro Sánchez. Según la formación proetarra, estos reconocimientos son «una muestra de un conjunto más amplio de las víctimas de la violencia policial y de la violencia del Estado» en Navarra.

«Son un paso para afirmar que la tortura ha sido una práctica habitual y sistemática», han continuado, criminalizando así la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha antiterrorista. Según Bildu, «se ha dado un paso importante para sacar a la luz la realidad de la tortura». Por ello, ha interpelado al Gobierno de Navarra a «seguir dando pasos firmes».

Cabe recordar que María Chivite gobierna en Navarra gracias a la abstención de Bildu.

El pacto de legislatura de la presidenta socialista, suscrito con sus socios de Geroa Bai y Contigo-Zurekin, recoge numerosos guiños a Bildu, especialmente en el apartado de «memoria, paz y convivencia».  Entre las medidas, se incluye «potenciar el programa Eskutik-De la mano» a «todas las víctimas reconocidas de violencia política».

La ley de abusos policiales fue aprobada en 2019 con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra, y la abstención del PSOE, con el fin de restaurar las supuestas «vulneraciones de derechos humanos» acaecidas en un contexto de «violencia de motivación política». La norma regula los mecanismos para su consideración como damnificado o beneficiario «de los correspondientes derechos de reparación integral».

Para ello, se obvia a los jueces, puesto que quien determina la condición de «víctima» es una comisión política, la Comisión de Reconocimiento y Reparación. 

Las víctimas de «violencia policial» disfrutan de las mismas indemnizaciones que las del terrorismo. En concreto, se fija un máximo de 250.000 euros en caso de fallecimiento, de 500.000 euros por gran invalidez y 180.000 euros por incapacidad permanente absoluta, además del derecho a la asistencia sanitaria y psicológica.

Según recoge la ley, las solicitudes podrán ser promovidas y presentadas por «aquellas personas que hayan visto vulnerados sus derechos humanos en las circunstancias y con las consecuencias siguientes: que las vulneraciones se hayan producido en un contexto de actuaciones de motivación política; que se hayan realizado en un contexto de actuaciones de motivación política en las que hubieran podido intervenir funcionarios públicos o particulares que actuaban en grupo o de forma aislada e incontrolada; que, como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya producido un perjuicio a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas».