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El PSOE avanza en su reforma para expulsar del Congreso a los que considere «pseudoperiodistas»

La iniciativa sale adelante en comisión y el próximo martes se aprobará definitivamente en el Pleno

El PSOE y sus socios -Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG-, han aprovechado este jueves la Comisión de Reglamento del Congreso de los Diputados para ajustar, a través de una enmienda transaccional, la ley mordaza contra los medios de comunicación. Una ley que reforma el Reglamento de la Cámara Baja para permitir sanciones a quienes consideren «pseudoperiodistas».

Los servicios jurídicos de la Cámara Baja habían advertido en un informe que la creación de sanciones podía limitar «el derecho a la libertad de información», por lo que pedían valorar si concurrían «requisitos para su legitimidad».

También avisaron de que la falta de precisión en las sanciones podía generar «inseguridad jurídica» para los representantes de los medios de comunicación y proponían, entre otras cosas, incluir un régimen de prescripción para las mismas.

Sanciones más precisas

El grueso de las sugerencias de los servicios jurídicos se han incluido en la ley mordaza a través de una enmienda transaccional pactada en la Comisión de Reglamento, que ha dejado aprobado su dictamen sobre la reforma que se votará en el Pleno el próximo martes. El texto ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y sus socios, mientras que PP y VOX han votado en contra.

El PSOE y sus socios delimitan de manera explícita el recinto parlamentario en el que los periodistas pueden ser sancionados y ponen el foco en el uso de la autorización o credencial pertinente a la hora de desarrollar las labores como profesionales de la información.

También reducen de cinco a tres años el plazo máximo de suspensión de credencial por cometer una infracción considerada muy grave e incluyen un régimen de prescripción, tal y como sugerían los servicios jurídicos. Las infracciones muy graves prescribirán a los seis meses, las graves a los tres y las leves al mes», precisa el texto.

Durante el debate en la comisión, PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN) han denunciado que este régimen sancionador supone «restringir el derecho a recibir o comunicar libremente información veraz». Así lo ha declarado, por ejemplo, el diputado de Vox Andrés Alberto Rodríguez Almeida, quien sostiene que esta reforma es un «atropello democrático y constitucional».

Además, han combatido estas «sanciones arbitrarias» que pretende esta ley,  como las ha calificado Alberto Catalán, de UPN.

Laboratorio de cancelación y censura

La diputada del PP Carmen Navarro, secretaria cuarta de la Mesa del Congreso y abogada, ha acusado al PSOE y sus socios de querer convertir el Congreso de los Diputados en un «laboratorio de cancelación, censura y persecución política» mediante «procesos inquisitoriales».

«Nadie niega incidentes ni tensiones crecientes entre parlamentarios y algunos periodistas, pero el Reglamento ya faculta a la presidenta para actuar al instante, ordenar desalojos, suspender acreditaciones, salvaguardar el respeto debido a esta Cámara. Y no es la falta de instrumentos lo que justifica esta reforma, sino la voluntad política de castigar al discrepante y amedrentar a la prensa incómoda», ha declarado.

Por su parte, PSOE y Sumar han defendido la reforma alegando que se ha hecho a petición de la Asociación de Periodista Parlamentarios y han negado, como sus socios parlamentarios, que afecte negativamente al derecho a la información.

El socialista Joaquín Martínez Salmerón ha aducido que el texto es garantista y ofrece «seguridad jurídica», mientras que Enrique Sierra, de Sumar, ha señalado que quizá la negativa del PP y Vox a apoyar la reforma se deba a que a ellos no les afecta «la actuación de estos escuadristas».

Bildu habla de acoso y señalamiento

Durante el debate, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha afirmado que existen «agitadores de ultraderecha» que «perturban» la labor periodística y que no hacen «información», sino que se «dedican a provocar, acosar, boicotear y señalar» a los verdaderos profesionales de la prensa, además de a diputados.

Cabe recordar que Aizpurúa, socia de Sánchez, era editora del periódico Egin, donde se publicaron dos infames portadas burlándose de la liberación del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara y del asesinato del concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco, ambos crímenes perpetrados por la banda asesina ETA.

En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada de ERC Pilar Vallugera, quien ha afirmado que la actuación de ciertos periodistas ha llevado a tener que redactar un marco de convivencia «de clase de infantil» para recordarles que no puede entrar en los despachos de los diputados o acosarles. «Se está poniendo de moda ser un hijo de puta y no podemos aceptarlo de ninguna manera», ha señalado la independentista.

Josep María Cervera, de Junts, también ha defendido esta reforma que, según afirma, sólo persigue instaurar el respeto «a los principios de buena educación», al igual que Mikel Legarda, del PNV.

La reforma se ha utilizado para ampliar los supuestos en los que sus señorías podrán solicitar el voto telemático. Además de por enfermedad, maternidad o paternidad, podrán solicitarlo por tratamientos de reproducción asistida y para atender al cónyuge o pareja de hecho u otros familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad o personas dependientes.