El Gobierno vetará a los periodistas en el Congreso si publican información que no considere «veraz»
El Gobierno y sus socios han registrado una propuesta de modificación del Reglamento del Congreso


El Gobierno y sus socios han registrado una propuesta de modificación del Reglamento del Congreso que permitirá impedir el trabajo a los periodistas en la Cámara.
El texto, apoyado por Sumar, Podemos, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria, al que ha tenido acceso OKDIARIO, establece que la Mesa de la Cámara – en la que PSOE y Sumar tienen mayoría- «adoptará las medidas adecuadas en cada caso, para facilitar a los medios de comunicación social la información sobre las actividades de los distintos órganos del Congreso de los Diputados».
En este contexto, «regulará el procedimiento para la concesión y renovación de credenciales a los representantes gráficos y literarios de los distintos medios, con objeto de que puedan acceder a los locales del recinto parlamentario que se les destine y a las sesiones a que puedan asistir».
En este punto, «fijará los requisitos que resulten exigibles atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la Cámara».
«Entre los criterios para la renovación de credenciales se tendrá en cuenta, en todo caso, la existencia de anteriores vulneraciones de lo dispuesto en este artículo, así como de las directrices y acuerdos de la Mesa», se advierte.
«Cortesía parlamentaria»
Igualmente, la propuesta de modificación del Reglamento del Congreso determina que «quienes representen a los medios de comunicación respetarán, en el recinto del Congreso de los Diputados y zonas de acceso al mismo, las reglas de cortesía parlamentaria y las directrices e instrucciones que acuerde la Mesa».
Por ejemplo, «nadie podrá, sin la correspondiente credencial, realizar grabaciones gráficas o sonoras dentro de las dependencias de la Cámara. Tampoco se podrán realizar grabaciones de las sesiones de los órganos parlamentarios sin la autorización de la Presidencia del órgano», en manos de la socialista Francina Armengol.
Igualmente, se otorga a los grupos parlamentarios la posibilidad de «designar a una persona que coordine sus ruedas de prensa y otros encuentros con representantes de los medios de comunicación acreditados en la Cámara». «Esta persona dirigirá las instrucciones pertinentes al efecto de garantizar el orden en estos encuentros».
El texto advierte: «El incumplimiento de la normativa y de las reglas de cortesía parlamentaria y demás directrices e instrucciones por parte de quienes representen a los medios de comunicación acreditados serán objeto de sanción».
Sanciones
El Gobierno podrá retirar la credencial entre diez días o, de forma definitiva, en función de la gravedad de las infracciones.
Así, «las infracciones leves se sancionarán con un apercibimiento y, en su caso, una suspensión de la credencial de hasta diez días hábiles», las graves «se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre diez días y tres meses» y las «muy graves se sancionarán con una suspensión de la credencial de entre tres meses y cinco años o, en su caso, con la revocación definitiva de la credencial».
Se consideran infracciones «muy graves», «la inclusión de información falsa en un elemento esencial de la solicitud de la credencial», «la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el seno del recinto parlamentario y zonas de acceso al mismo», «proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas en el seno de la Cámara y en los accesos a la misma», «la grabación de imágenes o audios mediante el uso de dispositivos ocultos o en los despachos de los miembros de la Cámara y en las zonas reservadas a los grupos parlamentarios», «la grabación de imágenes o sonidos sin la autorización de la Cámara o fuera de los espacios habilitados para ello que contenga datos de carácter personal o vulnere la intimidad de las personas», «interrumpir el orden de las sesiones parlamentarias», «cualesquiera comportamientos que perjudiquen gravemente la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación».