El presidente del CGPJ, aupado al puesto por Rajoy, partidario de dar el visto bueno a Delgado como fiscal general

El anuncio del nombramiento de la ex ministra de Justicia Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado provocaba reacciones críticas contra Pedro Sánchez por parte de las principales asociaciones profesionales de la carrera judicial en España. Lejos de superarse la polémica suscitada por la decisión del Gobierno socialista, el informe que el Consejo General del Poder Judicial tendrá que emitir en los próximos días sobre la propuesta de Sánchez para liderar el Ministerio Público, promete importantes discrepancias en el órgano de gobierno de los jueces. Su presidente y presidente a su vez del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, no se opone a la elección de Delgado.

Fuentes próximas al CGPJ señalan a OKDIARIO que Lesmes, aupado al puesto por Mariano Rajoy –fue además director general de Objeción de Conciencia y de Relaciones con la Administración de Justicia de los gobiernos de José María Aznar–, apuesta por un dictamen «tranquilo». Tal es así que ya habría manifestado a los vocales del Consejo su intención de avalar la designación de Dolores Delgado para el cargo. Varios de los miembros conservadores, por su parte, han avanzado que votarán en contra de la misma. La división está servida en el pleno que tendrá lugar este próximo jueves en la sede del órgano de gobierno de los jueces.

En la actualidad, y a falta de un acuerdo entre los grupos políticos para la renovación del Consejo, los 20 vocales que integran el mismo se reparten entre 11 miembros conservadores -designados por el PP, en 2013- frente a los 9 progresistas, a propuesta del PSOE, CIU, PNV e IU.

La Constitución española establece en su artículo 124 la necesidad de que el CGPJ emita una opinión -que no es vinculante- sobre el perfil e idoneidad del candidato propuesto por el Ejecutivo para encabezar la Fiscalía General del Estado. Por ello, el presidente del Supremo se limitará a cumplir el trámite de constatar si la candidata de Sánchez cumple con los requisitos de ser un jurista español «de reconocido prestigio» y «con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión». Hasta su nombramiento como ministra de Justicia, Delgado acumulaba más de 25 como fiscal de carrera en activo.

El presidente del Tribunal Supremo se desmarca así de la posición más beligerante exhibida por los propios colegas de Delgado que calificaron su designación como un intento de «someter» la institución a los intereses del nuevo Gobierno socialcomunista de coalición.

Sin hacer ruido

Lesmes no quiere complicaciones en la recta final de su mandato, prorrogado en funciones desde hace más de un año, y que ha estado en el foco de la polémica durante los últimos meses.

Sus designaciones de los presidentes de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales para cubrir vacantes, un total de 40 en 12 meses, han sido objeto de recurso por parte de las dos principales asociaciones judiciales ante la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en la que, paradójicamente, Lesmes tiene su plaza como magistrado.

El propio Lesmes ha comunicado su deseo de abandonar el puesto de presidente tanto del CGPJ como del Tribunal Supremo y ha instado a los diferentes partidos -vía carta remitida a las presidencias de Congreso y Senado- a alcanzar cuanto antes un acuerdo para designar un nuevo órgano de gobierno judicial.

El intento fallido de que el magistrado Manuel Marchena, actual presidente de la Sala Segunda de lo Penal, asumiese la responsabilidad -tras filtrarse varios mensajes en los que el portavoz del PP en el Senado, Ignació Cosidó, presumía de cómo su partido colocaría al juez al frente del Alto Tribunal para controlarlo «desde atrás»- abría un período en funciones del CGPJ que Lesmes no quiere abandonar haciendo enemigos. Su futuro profesional depende en buena medida de ello.

El PP recurrirá 

La postura del magistrado, sin embargo, coloca en una posición incómoda al Partido Popular que le designó como miembro del CGPJ, en 2013, y que ya ha movido ficha anunciando que recurrirá ante el Supremo, que preside Lesmes, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general.

Casado defiende que la designación de la ex ministra de Justicia para el puesto «ataca la separación de poderes» y su «independencia». Más concretamente, el líder de los populares asegura que su nombramiento, aprobado este martes por el Consejo de Ministros en su primera reunión extraordinaria, vulnera los artículos 7 y 50 del estatuto orgánico del Ministerio Público.

Además, el PP promete ser duro con Delgado en la comparecencia parlamentaria a la que está obligada como requisito previo a su toma de posesión.

Durante la pasada legislatura, y como titular de Justicia, Delgado fue reprobada hasta en tres ocasiones distintas. La primera por negar su presunta vinculación con el ex comisario José Villarejo, en prisión provisional, tras publicarse las grabaciones de una conversación en la que la por entonces fiscal de la Audiencia Nacional llegó a llamar «maricón» a su compañero de Ejecutivo y ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La segunda por negarse, en un principio, a asumir la defensa legal del instructor del juicio del ‘procés’, el magistrado del Supremo Pablo Llarena, ante la demanda presentada contra él, en Bélgica, por el expresidente catalán y prófugo de la Justicia española Carles Puigdemont.

La última cuando doblegó a la Abogacía del Estado para que modificase el escrito de calificación jurídica del 1-O rebajando los hechos de rebelión a sedición, previo cese del letrado público y actual diputado de Podemos Edmundo Bal que se negó a ello.